Díaz pone la pelota de la subida del SMI en el tejado de Sánchez
● La vicepresidenta segunda presiona al ala socialista del Gobierno para elevar el salario mínimo pese al rechazo de los empresarios ● Podemos ve la oposición más política que técnica
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió ayer una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya que “aunque sean cantidades simbólicas son importantes para las familias”.
En una visita a Alicante para reunirse con el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y anunciar que la ciudad acogerá el Foro Diálogo 5+5 del Mediterráneo Occidental en materia de Trabajo el 7 de octubre, Díaz manifestó que es conocida su posición sobre que el SMI debe subir este año y lamentó que la patronal no se haya movido de su posición inicial de que sea congelado.
“Esto no es negociar”, advirtió la ministra de Trabajo y Economía Social, quien informó de que el pasado fin de semana ha trabajado “informalmente” con los sindicatos sobre este asunto y que sabe “bien donde puede estar el acuerdo”.
En todo caso, Díaz indicó que la decisión final “no está en esta parte de la coalición (en referencia a Unidas Podemos) sino ahora mismo en la parte mayoritaria del Gobierno” y comentó que esta cuestión no entrará en la reunión de hoy del Consejo de Ministros.
“Hay que subir el SMI”, insistió con el argumento de que “no hace falta decir cómo está el IPC y lo mal que lo pasa la gente”.
Tras abundar en que “el debate está en el seno del Gobierno”, recordó que la prioridad de su ministerio son las personas más vulnerables, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que están “fuera de convenio y que lo pasan mal” y para los que “aunque sean cantidades simbólicas son importantes para las familias”.
Las declaraciones de Díaz son dardo directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a finales de agosto anuncia la subida inmediata del SMI, y a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que se cerró al aumento durante la primera mitad del año a la espera de unas mejores perspectivas económicas.
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, calificó ayer de “lamentable” y “penoso” que la CEOE se niegue a la subida del SMI que planta el Gobierno de coalición en el seno del diálogo social.
En rueda de prensa ayer en la sede del partido, criticó que esa negativa, a su juicio, se sustenta en una “posición política” y no técnica, cuando el incremento del SMI ha demostrado ser una medida “eficaz” contra la pobreza y la brecha de género.
Fernández manifestó que el incremento del salario mínimo es una necesidad “perentoria” y “urgente”, recordando que el presidente del Gobierno ya ha señalado que ese aumento será de carácter “inmediato”.
Y es que enfatizó que millón y medio de trabajadores no sujetos a convenios colectivos requieren esa subida, que su formación lleva reclamando desde el mes de enero. Por tanto, desgranó que esperan que la subida se produzca en próximos días e instó a que pueda llevarse a término en el seno del diálogo social, si bien censuró el rechazo que suscita en la patronal.
El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, afirmó ayer por su parte que “la subida del salario mínimo interprofesional para 2021 es inminente”.
Así lo señaló García en Capital Directo, espacio informativo de Navarra Capital, en el que aseguró que el Ejecutivo sigue trabajando “con la voluntad de alcanzar el objetivo de inicio de legislatura”, que pasa por conseguir que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcance el 60% del medio.
Asimismo, según informó Navarra Capital, el secretario de Estado de Economía destacó que en los últimos tres años el SMI ha
La medida se queda fuera de la agenda de la reunión de hoy del Consejo de Ministros
experimentado un incremento del 30%, un dato que “no tiene precedentes”.
Durante su paso por Capital Directo, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa también abordó la posible prórroga de los ERTE a partir del día 30 de septiembre.
Según indicó, “esta prórroga es diferente, porque es la última” y remarcó que el país se encuentra en fase de transición. El objetivo es poner el foco “en la activación de esos 260.000 trabajadores que llevan casi dos años sin trabajar”.