Las asociaciones de jueces se unen contra el uso partidista del Poder Judicial
● El PSOE sale al paso de las declaraciones de Enrique López sobre que el PP “tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”
Las cuatro asociaciones de jueces del país se han unido para ratificar la independencia de la carrera y rechazar las declaraciones de responsables políticos que usan “el debate político existente en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con fines exclusivamente partidistas”.
Las cuatro asociaciones, desde la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), hasta la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), hicieron ayer público un comunicado conjunto después de que el bloqueo del CGPJ volviera a centrar buena parte del debate político el fin de semana.
“El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”, manifestó en una entrevista con La Razón el responsable de Justicia del PP, Enrique López, al asegurar que “la inmensa mayoría” les pedía que lucharan por un cambio de modelo del CGPJ.
“Ese PP que alardeaba de que iba a controlar la sala segunda del Tribunal Supremo lanza hoy un mensaje de que de los jueces son de ellos”, respondió el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, que consideró las palabras de López un atentado contra la independencia judicial y avanzó que las elevarán a la Comisión Europea.
A pesar de sus discrepancias, las asociaciones judiciales han decidido responder y dejar claro que los jueces se mantienen “ajenos a las disputas políticas”.
En este contexto subrayan que todas están de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ (12 de los 20), para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial.
“Todas las asociaciones judiciales estamos de acuerdo en que el estado de interinidad en que se encuentra actualmente el CGPJ, desde hace ya tres años, constituye una grave anomalía institucional que debe ser corregida”, aseguran.
Según explican, sus discrepancias están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales con carácter inmediato o más adelante.
“Esta discrepancia, por importante que sea, es completamente ajena a las diferencias que existen entre las formaciones políticas a propósito de esta cuestión”, subrayan.