Europa Sur

EDUCAR EN VALORES

- JOSÉ MARÍA AGÜERA LORENTE Catedrátic­o de Filosofía

TENEMOS la enésima batalla ideológica a propósito de la educación en esto que llaman guerra cultural provocada por la cada vez más acusada polarizaci­ón política. El detonante ha sido esta vez la elaboració­n de los currículos de las asignatura­s diseñadas en la nueva ley (LOMLOE), conocida como la ley Celaá, para la educación en valores de nuestros jóvenes. Nueva ley, otra más (creo que la octava en democracia), nueva trifulca política que en realidad es la vieja de siempre (recordemos lo que pasó con la introducci­ón de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) a cuenta de una institució­n tan fundamenta­l para el mantenimie­nto y cuidado de la civilizaci­ón como es la escuela. Lo que demuestra, por si no es ya evidente, que para nuestros dirigentes el oficio de enseñar no es más que un garrote con el que aporrear al adversario. En este caso se trata de desgastar al Gobierno actual desde el frente de la oposición. Nada nuevo bajo el sol.

Debería saberse. Todo ciudadano (e incluyo en esta categoría a quien se le adscribe el género femenino y demás géneros líquidos de esta cultura posmoderna) todo ciudadano –digo– debería saber que esta es la compleja condición de la educación constituid­a en institució­n política –es decir, de la polis, o sea, de la comunidad organizada–. En las aulas se enseña determinad­as materias con entidad académica (ya saben, lo de siempre: matemática­s, lengua, historia, etc.), pero también valores, sí, incluso cuando no se pretende. ¿Cómo no iba a ser así? ¡Si se trata de una actividad eminenteme­nte social! Y que me diga alguien qué actividad social de las que desarrolla­mos se da en ausencia de valores.

Los valores se aprenden en casa; sostiene Isabel Díaz Ayuso, conforme a un tuit con el que nos ha obsequiado a modo de sentencia. Y en internet también se aprende valores –me permito apostillar yo– ¡y hasta en las escuelas, institutos y universida­des a las que acuden nuestros jóvenes! El tener una educación obligatori­a –porque obligatori­a es la educación primaria como la secundaria hasta los 16 años– es ya la plasmación de un sistema de valores que trasciende el juicio de las familias, también el de las más liberales. No se olvide que hay familias objetoras que entienden que las escuelas reconocida­s por el Estado (ya sean públicas o privadas) no son el sitio adecuado para formar a su prole. Son partidaria­s de eso que llaman home schooling. Muchas de esas familias quieren evitar a toda costa que sus niños se contaminen con los valores del consumo, del capitalism­o de libre mercado y de la competitiv­idad, entre otros pernicioso­s tóxicos que la escuela inocula a su juicio sin que sus puros hijos puedan defenderse. ¿Es sano en términos de salud democrátic­a consentir el dogma de mi hijo, mi doctrina?

No conozco a ningún colectivo profesiona­l que preste un servicio público que esté sometido a todos los controles a priori (o sea, preventivo­s) como el nuestro, el compuesto por las personas (personas, cada una de su padre y de su madre) que nos dedicamos a este noble aunque depreciado oficio de enseñar (porque si educamos será a través de los conocimien­tos que enseñamos; si no, en efecto, adoctrinam­os). Diríase que todo el mundo desconfía de nuestro trabajo: progenitor­es, estudiante­s, medios de comunicaci­ón, administra­ción, políticos. A todas esas instancias estamos obligados a dar cuenta documentad­a tanto si damos una clase, llevamos a cabo una actividad extraescol­ar o evaluamos a nuestros pupilos. ¿De verdad los hechos demuestran que damos motivos para que la sociedad no se fíe de nosotros? La penosa sentencia judicial de principios de verano dictada contra dos compañeros de un instituto cordobés demuestra que a los profesores se nos exige actualment­e más de lo que es razonable, máxime en las condicione­s en creciente deterioro en las que se nos manda cumplir nuestra esencial función.

Esta ley de educación que empieza a ser progresiva­mente implantada es más munición para que la oposición ataque al actual Gobierno. A mi juicio no resolverá el asunto de la educación en nuestro país, pero tampoco es el cetro de Belcebú mediante el que adoctrinar satánicame­nte a las jóvenes generacion­es. Eso sí: es la prueba, otra prueba irrefutabl­e más, de la torpeza de quienes hemos elegido para mejorar las cosas. En vez de preocupars­e tanto por determinar la educación en valores que los docentes impartimos en las aulas deberían hacer seria autocrític­a de la que muestran a través de su práctica política.

No conozco a ningún colectivo profesiona­l que preste un servicio público que esté sometido a todos los controles a priori (o sea, preventivo­s) como el de los educadores

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