DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE ESPAÑA
LA reciente publicación de un monográfico de Papeles de Economía Española sobre “la calidad de las instituciones y la economía española”, con una notable capacidad explicativa sobre muchos de los problemas que aquejan al país, invita a traer aquí algunas de sus principales conclusiones.
Las instituciones en sentido amplio se identifican con las reglas de juego de una sociedad, reglas que definen los incentivos de comportamiento, y que engloban tanto a las instituciones formales (ordenamiento positivo, gobierno, administraciones públicas, sistema judicial), como informales (cumplimiento de las normas, valores sociales y códigos de conducta compartidos). Aunque el análisis institucional se remonta a finales del siglo XIX, en los últimos años viene ganando precisión y reconocimiento con la creciente disponibilidad de indicadores cuantitativos de las características institucionales de los países.
El análisis comparado de estos indicadores pone de manifiesto que España mantiene una calidad institucional intermedia entre los países desarrollados, pero bastante alejada de los más avanzados, singularmente en algunos aspectos, como el marco regulatorio, el sistema judicial o el funcionamiento de las administraciones públicas.
La baja calidad de la regulación se constata en la complejidad de las normas, su frecuente revisión y su exceso (10 veces más que en Alemania), a lo que ha contribuido la producción normativa de las comunidades autónomas, responsables del 70% de las normas aprobadas en España, lo que afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica. En cuanto a esta última, si bien España mantiene una posición intermedia en cuanto al imperio de la ley, su sistema judicial es poco eficiente, de escasa calidad y grado de independencia, según el informe The EU Justice Scoreboard de la Comisión Europea.
El funcionamiento de las administraciones públicas provoca restricciones notables para la economía española, sirviendo de botón de muestra la dificultad burocrática para el inicio de una actividad empresarial (posición 86 en el mundo). También lo ha sido la corrupción, cuya percepción pasó de la posición 26 a la 41 entre 2008 y 2018, lo que guarda relación con la insuficiente transparencia de las administraciones públicas, la escasa evaluación independiente y la rendición de cuentas, si bien esa percepción mejoró en 2019.
Por otra parte, como expone en su artículo Carlos Sebastián, la divergencia de la productividad de la economía española respecto a las economías europeas más avanzadas en los últimos 25 años está muy inf luida por instituciones que no generan incentivos adecuados e introducen trabas a las mejoras en la gestión.
La acumulación de rasgos institucionales negativos y el debate político grueso ha llevado a que se cuestione la democracia española. Sin embargo, los informes internacionales que la evalúan la sitúan en puestos destacados, si bien se le reconocen imperfecciones, entre las que se encuentran el predominio de la partidocracia, el mejorable sistema electoral, las fuertes barreras de entrada a los mercados políticos, la primacía del poder ejecutivo sobre el legislativo o la escasa independencia política de los órganos de seguimiento y control.
La crisis sanitaria y económica ha sacado a la luz algunas restricciones en el diseño institucional, particularmente en la previsión y gestión sanitaria, en la coordinación de los distintos niveles de gobierno y en la agilidad de gestión de las medidas económicas. Restricciones que cobran importancia hacia un futuro inmediato en el que el Estado deberá jugar un papel activo en la gestión de transiciones estructurales como la digital y la medioambiental.
En resumen, de la lectura de este número monográfico se deriva que la deficiente calidad de las instituciones españolas subyace a buena parte de las restricciones al crecimiento económico y al insatisfactorio panorama político, por lo que existe un elevado nivel de acuerdo entre los especialistas en que las reformas institucionales son claves para el futuro. Por ello, es comprensible que su coordinador, Xosé Carlos Arias, plantee “¿dónde está, entonces, el obstáculo para llevarlas adelante?”, y se responda, “claramente, en el entorno de bloqueo y polarización política que hace espinosos los acuerdos en cualquier ámbito”. Aquí se encuentra el nudo gordiano de las restricciones, y si los políticos no están interesados en deshacerlo, los ciudadanos podemos evitarlo no siendo cómplices de la polarización y la crispación que lo impiden.
La baja calidad institucional de España subyace a su bajo crecimiento potencial y al insatisfactorio clima político