El tetris autonómico

● Las comunidades practican el inédito ejercicio de las alianzas pluripartidistas para imponer sus tesis en el próximo modelo, que lo tiene complicado para contentar a todos

LA máquina de la verdad de la política es la financiación. Hay quien sostiene que la política es, básicamente, la alteración del paisaje. Pues sin financiación adecuada no hay forma de alterar nada. El Estado autonómico está dando pasos en los últimos años hacia una subdivisión curiosa: el estado autonómico por bloques pluripartidistas. En lo que no son capaces de ponerse de acuerdo los partidos lo hacen sus presidentes autonómicos. El asunto es que en España tenemos la mala costumbre de dejar que nos caduquen las cosas. El órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal de Cuentas, las vacantes del TC, el Defensor del Pueblo, la estructura directiva de TVE y, por supuesto el sistema de financiación autonómica, vencido desde 2014. Hasta Miguel Arias Cañete siendo ministro de Agricultura defendió el consumo de yogures caducados.

El sistema de financiación, regulado por la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, es el instrumento clave que establece los criterios y los parámetros por los que se van a otorgar los recursos a cada territorio, así como los principios que regirá la cesión de tributos del Estado a las autonomías. El problema se expande ante la dificultad de que el proceso sea homogéneo en todos los territorios y garantice, por lo tanto, la coherencia del conjunto del sistema tributario. En el informe de 2017 encargado por Cristóbal Montoro a un grupo de expertos se alertaba de la infrafinanciación de la mayoría de comunidades, que no se olvide, gestionan materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Se calcula que la base de la financiación debe ampliarse en 16.000 millones de euros si se pretende regresar a los equilibrios originales del sistema y hasta 40.000 si el objetivo es homologar los servicios que se prestan con los de otros países de nuestro entorno.

Así, doce años después, amanece una España autonómica fracturada en bloques y agrupada por intereses comunes. Es casi el único ejercicio pluripartidista que practicamos en nuestro país. Sólo por eso ya merece la pena el proceso: presidentes que no se alinean con otros por sus siglas sino por los intereses de los ciudadanos. Pero antes de seguir alguien debería decirles que el resultado no será de suma cero. Pretender más financiación para todos, sin que nadie pierda, sin mayores aportaciones fiscales a la caja del Estado es imposible. Los expertos apuntan como vía a explorar que las autonomías adquieran más responsabilidad sobre el IVA y los impuestos especiales. Pero por el ojo de esa aguja entra un concepto antipático para los políticos, que es el de asumir la impopularidad de aumentar los impuestos regionales. Siempre es más fácil que los haga el Estado y salir impoluto del envite.

Por un lado está Cataluña, con todas sus colateralidades y me llevo tres, que despiertan justificados recelos en el resto de territorios. Recuerden que Artur Mas ya llegó a pedir un cupo a la catalana, un pacto fiscal como el del País Vasco. No obstante, Cataluña, que se niega a participar en el baile del modelo de financiación autonómica por considerar que su reino fiscal ya no es de este mundo, lleva recibiendo privilegios en materia de inversiones y competencias desde hace décadas y tanto con el PSOE como con el PP en el Gobierno. Está bien recordarlo porque sus ejecutivos han entendido perfectamente el lenguaje y tienen el reflejo condicionado. Euskadi y Navarra, por su parte, no hacen pandilla con nadie ni falta que les hace porque no están en el régimen común por mandato constitucional, lo que detrae unos 4.500 millones de la caja del Estado según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Canarias tiene un régimen económico fiscal especial y también ha sabido inflar siempre las inversiones del Estado en las islas colocando bien el apoyo de su exigua representación parlamentaria.

Andalucía y Valencia, las dos más pobladas sin contar a Cataluña, hacen frente común con presidentes del PP y del PSOE. La Junta de Andalucía calcula que desde que se aprobó el modelo su infrafinanciación supera los 12.000 millones y Valencia es la comunidad peor financiada: cada valenciano recibe 641 euros menos que un cántabro y casi 200 por debajo de la media estatal. El endeudamiento de Valencia alcanza ya los 50.000 millones. Ambas defienden que el criterio rector sea el de la población.

En el frente de la España vacía –Galicia, Aragón, Extremadura, las dos Castillas y Asturias– se desconfía de los planes de las dos más pobladas y reclaman que la dispersión sea la clave ya que encarece notablemente la prestación de servicios.

Baleares, que es la segunda comunidad en aportar a la caja y la novena en recibir recursos, tiene dos demandas propias: su rechazo a la radialidad centralista y que se tenga en cuenta la población flotante, elemento nuclear en unas islas que recibían casi 14 millones de habitantes anuales antes de la pandemia. A la vez Baleares y el presidente de Valencia, Ximo Puig, la emprendieron antes de verano contra el dumping fiscal de Madrid. Sobre este

Pretender más financiación para todos sin que nadie pierda es imposible

particular el Gobierno trabaja con algún modelo que tiende a la armonización, ¿podría traducirse en limitar las bajadas y retiradas de impuestos? Si fuera así y no se activara la política de bloques partidistas, podría incluso aprobarse. Y Madrid, por su parte, se siente agraviada respecto a Cataluña en 6.125 millones.

En realidad, éste es un asunto clave en el que todos tienen como mínimo una parte de la razón. El problema es gestionar la razón de todos con coherencia y armonía fiscal, que debería ser la razón de Estado. Veremos cuáles son las variables correctoras que se proponen para tratar de contentar a todas las partes. Hacerlo sin perjudicar a nadie, sin asumir el desgaste de subir impuestos y

sin tener una varita mágica para multiplicar los recursos disponibles es la cuadratura del círculo. El tetris de la financiación.

Al margen de la complicación técnica para cuadrar el sistema, añadan las tensiones internas que generan en los partidos las posiciones de sus presidentes autonómicos. Tanto la ministra Calviño como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que previsiblemente presentará en noviembre una primera propuesta para reformar el sistema, ya han apelado a un acuerdo entre partidos y a no convertir esta discusión en una bandería. Porque es cierto que la discusión de los dineros, como la de los trasvases de agua entre cuencas, pueden derivar en animadversiones territoriales difíciles de enmendar. Permanece, en todo caso, una máxima que no debería olvidarse al hilo de las mesas bilaterales y las reclamaciones por venir: tributan las personas, no los territorios. y asilo. También apuestan por superar la unanimidad en materia de política exterior.

Las jornadas, organizadas por el consejo federal del movimiento europeo que preside el profesor Patxi Aldecoa, han servido también para evidenciar que se sienten mal representados en los paneles de debate, lo que entra en contradicción con el papel estratégico que le atribuye Von der Leyen a los jóvenes en la construcción de la UE. Por si alguien tenía dudas, entre las 50 propuestas de los jóvenes españoles, las prioritarias están relacionadas con la educación, el deporte, el pilar social, el pacto verde y la regulación del transporte público para alcanzar el objetivo de su descarbonización y la reducción de emisiones. Igualmente creen imprescindible avanzar en el proceso de integración de la Unión con mejores políticas, más competencias y una mayor eficiencia en los procesos de toma de decisión. Parece evidente que los jóvenes están en las cosas importantes, lo que contrasta notablemente con la muchas veces sorprendente agenda política española. En lo que resulta más difícil de coincidir con los participantes en el debate es en que los jóvenes no estén representados por las instituciones españolas y europeas. Las instituciones nos representan a todos, a los jóvenes, a los de la edad provecta y a los que están ya en la tercera edad. Pero en cualquier caso es lo que sienten y bien harían desde Bruselas en prestarles más atención y escucharlos. En un estudio de reciente de 40db para la Fundación Alternativas, dos de cada tres jóvenes españoles se declaraban europeístas. Que la palabra juventud no sea sólo una hermosa palabra en los discursos oficiales.

Andalucía calcula que su infrafinanciación supera los 12.000 millones de euros