Inmunidad de grupo
● Pandemia, precios y la moda de las casas prefabricadas refuerzan el fenómeno de las viviendas ilegales ● La Fiscalía alerta de la “desidia” de los ayuntamientos
Un melanoma. Como una célula cancerígena, las viviendas ilegales replican a su modelo: parecen casas normales, pero no lo son. Tienen la capacidad de crecer de forma incontrolada y actúan por metástasis: una vez que una “célula” aparece en otro lugar, enseguida se contagia. Invade y destruye el tejido “original” y al final es muy probable que el escenario colapse.
La Fiscalía General del Estado publicó hace unos días su memoria anual, subrayando en el caso gaditano su preocupación por la proliferación de construcciones y parcelaciones ilegales en la provincia. El Ministerio Fiscal mostraba su sorpresa ante la “dejación” en la que parecían haber caído en materia de urbanismo muchos ayuntamientos gaditanos, destacando la voracidad de las construcciones ilegales, que apenas dejaban margen a la actuación, y definía de “poco satisfactoria” la relación con las administraciones locales, que debería ser “clave” para este tipo de delitos.
En su memoria de 2020, la Fiscalía de Cádiz también señaló que, aunque durante este periodo se han reducido los procedimientos penales por delitos contra la ordenación del territorio, se habían incoado el doble de diligencias de investigación en esta materia. Y es el año del Covid: “Se han interpuesto un importante número de denuncias ante los Juzgados de Barbate y El Palmar por construcciones ilegales, en parcelaciones de un total de 600 hectáreas, y en Jerez y Arcos, consistentes en la rápida instalación de casas prefabricadas que impiden la adopción de medidas cautelares, tendentes a paralizar la construcción”, apunta el informe, que también hace una mención especial a las actuaciones de la zona del Zabal (las “narco-casas”).
“Como cualquier vendedor de material de construcción puede decirte, el actual ritmo de ventas se asemeja al de los tiempos de antes de estallar el ladrillo”, comenta David Moreno desde Toniza-EA Chiclana.
Los nuevos tiempos han traído también nuevas modas: la de las casas prefabricadas, frecuente en emplazamientos como El Palmar. De hecho, Ecologistas en Acción ha puesto en marcha la iniciativa SOS Costa de Cádiz contra lo que llaman un nuevo tsunami de especulación urbanística. Los ecologistas llevan varias muescas a su favor en la provincia: Valdevaqueros (Tarifa), PGOU de Chiclana, Guadalquitón (San Roque)...
“Los distintos responsables deberían empezar a pensar que si nosotros, sin recursos, conseguimos tumbar causa tras causa... Lo mismo es que algo de razón llevamos”, comenta al respecto su portavoz, Juan Clavero. Pero aún hay proyectos urbanísticos en marcha que, señalan, entran en conflicto con los valores medioambientales: el de las marismas de Trebujena (junto a Doñana); en los pinares de Sancti Petri, en El Palmar o en la playa de Los Lances, donde los ecologistas han pedido explicaciones al Ayuntamiento de Tarifa sobre los plazos de aplicación del Plan Parcial del PGOU en la zona, hasta ahora, sin respuesta.
Esta nueva fiebre no es ajena a factores como el ansia por el espacio tras la pandemia –que la próxima nos pille en el porche, con la escopeta y el banjo– o el continuado aumento de precios en el parque inmobiliario del centro de muchas ciudades. Pero también se habla de una vuelta a la especulación urbanística: “A quienes estamos denunciando sobre todo es a promotores”, indica David Moreno.
Hacer un cálculo de las viviendas ilegales en la provincia es digno de las pruebas de Hércules. Hace un par de años, antes de esta actual eclosión, la Consejería de Fomento estimaba más de 45.000 viviendas irregulares. El fenómeno desde luego no es único: en Andalucía aparecen en rojo las zonas de la costa y la Axarquía malagueñas, así como las conurbaciones en torno a Sevilla y Córdoba capital. En la provincia de Cádiz, 16.951 de las construcciones irregulares registradas aparecen en el área de la Bahía de Cádiz-Jerez; 6.851 en la Janda; 5.358 en la Bahía de Algeciras; 6.841 en la Costa Noroeste y 14.078 en la Sierra. Son los datos recabados por inspección. Y hay casos conocidos y descacharrantes, como el de Barbate, con tres núcleos urbanos de facto: “Dos de ellos, Zahora y Los Caños, no tienen alcantarillado y sacan el agua del suelo”; recuerda Juan Clavero.
EL LABERINTO DE CHICLANA
“En Chiclana, por ejemplo, se suele hablar de 16.000 construcciones al margen del planeamiento, pero es un número sacado del último PGOU, que acaba de caer –continúan los ecologistas–. Se habla realmente de 25.000 a 30.000 viviendas, pero el número va a más”.
Vaya con nuestro inocente campito. “El caso chiclanero se estudia en la Universidad de Sevilla como ejemplo de caos urbanístico”, apunta Moreno. El Tribunal Supremo acaba de tumbar su cuarto Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad: hay que echar años, el tercero de los planteamientos se anuló en 2009. Cada uno de estos planes tiene un coste, estiman desde Ecologistas en Acción, de cuatro o cinco millones de euros. En esta última ocasión, el PGOU se ha retirado, entre otras cosas, por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica: “Se intentó decir que la Ley de Evaluación Ambiental era similar, pero en esa época cayó por lo mismo el PGOU de Marbella”, explican en Toniza-EA. Y se suele hablar de “la” sentencia de anulación del PGOU pero son varias: se acaba de fallar la primera. Cuando se aprobó el plan, se presentaron 20 recursos; 12 fueron admitidos a trámite.
En el Consejo Local, celebrado la semana pasada tras la caída del PGOU, la Federación del Extrarradio pidió también “que se pusiera fin de una vez al descontrol, que los pocos espacios que quedan libres queden como parques o zonas verdes –indica Moreno–. El proceso de regularización es un fracaso si no se paran las ilegales”.
El extrarradio de Chiclana es la ciudad de Schrödinger: una ciudad que no es ciudad pero que es más grande que la ciudad. Sus casas, sin embargo, sí que pagan IBI de ciudad, pero no cuentan con muchos de los servicios que tienen sus vecinos del centro: sería extremadamente costoso, por ejemplo, gestionar un servicio de recogida de basuras similar al del casco urbano.
“No se puede entrar a derribar 30.000 viviendas, por eso nos centramos en los casos f lagrantes, terrenos inundables, vía verde, vías pecuarias –sigue David–. Lo que entendemos es que hay que dar una salida a esas viviendas para minimizar, entre otras cosas, el impacto ambiental, aunque no puedas hacerte cargo del mantenimiento”.
Por eso, los ecologistas chiclaneros se muestran de acuerdo con la propuesta del PP de celebrar un gran pacto por el urbanismo: “Un pacto que, prioritariamente, ofrezca soluciones a los problemas que tienen miles de personas en el Extrarradio y también en el pueblo”, y que ponga fin a la avalancha de parcelaciones ilegales.
La primera vivienda ilegal que se derribó en Chiclana fue en 2009. Iba a ser el fin de las cons
trucciones irregulares: “Pero la gente empezó a asustarse y José María Román –actual alcalde de Chiclana– aseguró que el 99,9% de las parcelaciones se iba a legalizar”, recuerdan. A los anales ha pasado el caso de Antonio Peña, ex alcalde de Chipiona, que dimitió tras derribar una casa. Aunque esté estipulado por ley, nadie quiere estar en la foto tras una demolición. No queda bonito.
La cuestión es que no se tira un ladrillo aunque tenga el “culpable” escrito por todos los frentes. “El urbanismo ilegal es puro populismo –opina Juan Clavero–. En principio, a los ayuntamientos les venía muy bien mirar para otro lado porque es cierto que, por ejemplo, no hay oferta de VPO desde los años 90: las empresas públicas municipales se dedican a gestionar el parque inmobiliario más que a otra cosa. Hernán Díaz –ex alcalde de El Puerto– llegó a decir que gracias a él mucha gente había conseguido vivienda digna porque tenían jardín y piscina”. Y, como decíamos, todo el mundo tiene una, con o sin piscina. O conoce a alguien que tiene una. Y ese todo el mundo es todo el mundo, “incluidos policías y funcionarios”, indica Clavero, a quien llegaron a amenazar con quemar su casa por denunciar el diseminado del Pinar de Coi, en El Puerto.
“La presión social hace que los ayuntamientos no sólo no actúen sino que lo favorezcan para buscar votos según quién defiende más el tema de regularizar, y a la baja”, continúa. Y a veces con ofertas de ilusionismo: Hernán Díaz llegó a prometer usar fondos europeos para calles e infraestructuras.
Para allanar el camino de baldosas amarillas hacia la legalidad está la nomenclatura. Los eufemismos. El Puerto creó una oficina de asesoramiento para lo que llamaba Edificaciones Marginales Aisladas. En Chiclana hablan de las Áreas de Regularización. Luego están los trucos: “Certificados para acreditar que una casa tiene más de cinco años –aunque estuvieran los cimientos– o dejar caducar expedientes o acumular multas, y certificarlos por silencio administrativo”, comentan los ecologistas.
DENUNCIAS DE EL PUERTO
En El Puerto, Ecologistas en Acción ha tramitado este año una queja al Ayuntamiento ante la falta de información en varios expedientes de protección de legalidad urbanística “que afectan, entre otros, a terrenos que ocupará la futura Vía Verde”. Entre los diez expedientes señalados, en algunos se solicita la entrada para demolición sin más noticias; alguno está paralizado; en otro, el dueño niega la entrada para su demolición “sin noticias desde entonces”; en otro, se archiva “por error del procedimiento”; otros se archivan al caducar.
Javier Ricoy se ha encargado de hacer el seguimiento de estos casos: en el último año y medio, coincidiendo con la pandemia, la información de determinados expedientes “ha sido cero. Nos hemos quejado al Defensor del Pueblo y algo más de información han facilitado, pero tampoco completa”.
En general, la excusa en los municipios es que no tienen personal. Ocurre, como subrayó Fiscalía, que la actuación de la administración es fundamental, sobre todo, ante el carácter fagocitador de las parcelaciones. Actualmente, el procedimiento suele ser levantar un muro alto en una parcela grande y, en el interior, montar una vivienda prefabricada, con lo que en unos días ya está levantada la casa. Con gente dentro: “Como la administración es tan lenta, hay viviendas que se empiezan a denunciar cuando están los cimientos y, cuando llega algún procedimiento, la casa ya está construida y habitada”, comentan Ricoy y Moreno. “Luego, dicen que es muy difícil notificar a los propietarios, porque no los encuentran, cuando la ley señala que la administración local puede paralizar la obra”.
“Los ayuntamientos tienen la competencia en las construcciones ilegales y en las parcelaciones: si empezaran ahí, con la ley en la mano, no se llegaría a construir –remacha Ricoy–. El Reglamento de Disciplina Urbanística es un arma muy potente a la hora de perseguir este tipo de delitos”.
El Tribunal Supremo confirmó también la anulación, el junio, del PGOU de El Puerto al encontrarse una “falta de integridad” en la planificación, por haber sufrido una aprobación fragmentaria y sucesiva. El Plan iba a legalizar unas 6.000 viviendas –de las que pasaron el filtro 5.100–, ahora en el limbo. Los ecologistas computan casos irresolubles en zonas protegidas o llamadas a ser zonas verdes, por ejemplo, que no caducan en los administrativo ni en lo penal, en el Pinar de Coi, en la zona del Barranco, en la Sierra de San Cristóbal… “con expedientes abiertos desde hace 20 años”, continúa Ricoy. De las 50 denuncias interpuestas al respecto en El Puerto, ninguna ha llegado a la demolición.
“La dinámica es dejar que caduquen los expedientes –prosigue– pero nadie dice que los dejen morir. Los propietarios usan cualquier argucia para alargar los procedimientos".
Luego está, indica Ricoy, la vertiente penal, que es a la que se refiere
la Fiscalía cuando habla de “comunicación nula, aunque los fiscales también podrían actuar de oficio”. Hay incluso casos cerrados, con sentencias firmes, en los que si el derribo no lo hace el particular, “tiene que hacerlo la administración”. Y la desidia no es sólo local: “La Junta de Andalucía también tiene competencias compartidas con el Ayuntamiento”, recuerda.
El sentimiento de impunidad es, por tanto, la tónica generalizada: “Y cada vez estamos yendo a más: tanto es así, que tenemos que seleccionar las parcelaciones por gravedad”, cuenta David Moreno, quien añade que en el grupo se limitan a hacer constar edificaciones situadas en suelo no urbanizable especialmente protegido. Uno de los últimos casos, que se han dado en Chiclana, es el de una edificación justo al lado del arroyo Ahogarratones, “en una zona evidentemente inundable”.