El Gobierno opta por el refuerzo para agilizar las macrocausas
● La ministra de Justicia afirma que habrá una nueva “unidad judicial” en la Audiencia de Sevilla antes de que concluya el año
La ministra de Justicia, Pilar Llop, defendió ayer el empeño del Ejecutivo central por “facilitar que se tengan todos los recursos para la buena marcha de los procedimientos y más en cuestiones tan importantes como las macrocausas”, dados los múltiples juicios que afronta actualmente la Audiencia de Sevilla correspondientes a las piezas separadas en las que se dividen las grandes causas judiciales pendientes de resolución. Es el caso de las macrocausas referidas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que fueron financiados con fondos públicos de la Junta de Andalucía o las irregularidades detectadas en la empresa pública de capital de riesgo Invercaria, una entidad que estaba adscrita a la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Llop, que asistió a acto de condecoración a título póstumo de la magistrada Josefa Arévalo con la Cruz de San Raimundo de Peñafort, una ceremonia celebrada en Sevilla, recordó las “reuniones” previas que ha mantenido con el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
Juan Marín, sobre la situación de los órganos judiciales en Andalucía y con el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez. Los magistrados llevan semanas criticando la excepcional carga de trabajo que supone las vistas de estas macrocausas en relación al personal disponible.
Es por ello que la ministra señaló que las unidades judiciales de nueva creación previstas en Andalucía de cara a este mismo año de 2021 incluyen “una para la sección penal de la Audiencia de Sevilla”. Respecto a este refuerzo, el consejero andaluz de Justicia había solicitado al Ministerio del ramo una nueva plaza de magistrado para la Sección Tercera.
En unas declaraciones que recogió Europa Press, Llop precisó que la creación de dicha unidad y de otras más “no sólo” son competencia del Ministerio de Justicia exclusivamente”. “Los planes de refuerzo –subrayó la ministra– también dependen de la Junta de Andalucía en su disposición de poner medios materiales”, así como del Consejo General del Poder Judicial, que tiene a su vez que aprobar dichos planes de refuerzo.
El Ejecutivo central, añadió Llop, ha defendido que “quiere facilitar que se tengan todos los recursos necesarios para la buena marcha de los procedimientos y más en cuestiones tan importantes como las macrocausas”, que en el caso de la Audiencia de Sevilla se traducen en la previsión de afrontar múltiples juicios por las piezas separadas de procedimientos de tal envergadura como el de los ERE o el citado de Invercaria. En relación a esta última causa, la Audiencia de Sevilla tiene fijado para la nueva semana el final del juicio correspondiente a la pieza separada de personal del caso Invercaria y el inicio de una nueva vista por otra pieza de esa misma macrocausa.
La Junta ha solicitado formalmente al Ministerio de Justicia la puesta en marcha de 12 nuevas unidades judiciales para Andalucía antes de que acabe el año, que suponen el doble de lo inicialmente planteado. Las unidades solicitadas serán una para Granada (Juzgado de lo Social número 8), una para Almería (Juzgado de lo Mercantil 2), una para Córdoba (una plaza de magistrado para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial), dos en Sevilla (una plaza de magistrado para la Sección 3ª de la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Social 13), tres para Cádiz (una plaza de magistrado para la Sección 5ª de la Audiencia Provincial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Arcos de la Frontera y el de Primera Instancia e Instrucción 4 de San Fernando), y cuatro para Málaga (una plaza de magistrado para la Sección 6ª de la Audiencia Provincial, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 8, el Juzgado de lo Social 14 y el de lo Mercantil 3).
La creación de nuevas plazas en los juzgados depende del Ministerio, la Junta y el CGPJ