El juez de la Púnica procesa a ocho ex alcaldes por las adjudicaciones a Cofely
● Entre los encausados también está el empresario David Marjaliza, socio de Granados
El juez del caso Púnica Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 37 personas, 8 de ellas ex alcaldes, en relación a las irregularidades en la adjudicación a la compañía de servicios energéticos Cofely de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014.
Además de los ex alcaldes –6 de ellos del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA), destaca también entre los procesados el empresario David Marjaliza, considerado socio del ex consejero madrileño Francisco Granados en Púnica y que desde hace unos años está dando muestras de colaboración con la Justicia en esta causa.
En esta pieza del caso, la número 6, Marjaliza está considerado el conseguidor de esos contratos para Cofely, todo ello en el seno de una trama que el juez califica de organización criminal.
Entre los investigados están los ex alcaldes de Parla José María Fraile (PSOE); de Móstoles Daniel Ortiz –también ex diputado popular en la Asamblea de Madrid–; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca (PP); de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP); de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada (PP); de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro (PP); y de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (UDMA).
Hacienda ha puesto por su parte en conocimiento del juez que investiga los papeles de Bárcenas una serie de irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato de Aena en 2002, cuando gobernaba José María Aznar, a un empresario que figura como presunto donante del PP y que reconoció haber hecho pagos a cambio de obra pública en Gürtel.
El contrato fue adjudicado por Aena a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por la mercantil Constructora Hispánica, entonces presidida por Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios arrepentidos y condenados por el caso Gürtel, por 32,8 millones de euros.
Tras examinar el expediente, los técnicos han visto en él desde cantidades que “parece que no corresponden a la realidad” por ser las cifras, en su opinión, sorprendentemente redondas, hasta costes no justificados y un modo de actuar “ilegal” al haberse alterado los precios del proyecto.
Hacienda detecta irregularidades en un contrato de 2002 a un donante del PP