Rogelio Velasco niega la falta de inversión en la Universidad de Cádiz
● Afirma que la UCA ha aumentado su presupuesto casi un 11% respecto a 2018
El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, subrayó ayer que la Universidad de Cádiz cuenta con 22,1 millones de euros del Plan de Inversiones autorizado por su departamento para la ejecución hasta 2023 de infraestructuras y actuaciones TIC.
Tras la petición del rector, Francisco Piniella, de una mayor financiación y un reparto más equitativo de la inversión durante la apertura del curso académico, Velasco resaltó además que esta institución académica ha captado, en esta legislatura, 14 millones de euros en incentivos a la I+D+i convocados por el Gobierno andaluz y que ha aumentado en 2021 su presupuesto casi un 11% respecto a 2018, la mayor parte con financiación autonómica.
Además destacó el esfuerzo por modernizar y mejorar infraestructuras en sus cuatro campus con cargo a estos recursos, señalando, entre otras reformas, las mejoras en el edificio del Hospital Real, el Centro Cultural Reina Sofía y las facultades de Ciencias del Trabajo y Medicina del Campus de Cádiz.
También ha acometido obras de urbanización, construcción y equipamiento de aularios y el acondicionamiento de la biblioteca en el Campus de Jerez, así como la ampliación de las instalaciones deportivas de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real, recordó.
El consejero de Transformación Económica también puso de manifiesto que la UCA está desarrollando “importantes líneas de investigación” sustentadas en los 14 millones procedentes de diversas convocatorias de la Junta. Estos programas cubren todas las etapas de la carrera investigadora, favorecen la transferencia de conocimiento, impulsan proyectos de I+D y apoyan la mejora de infraestructuras y equipamientos de investigación.
Esa cuantía se verá incrementada, según dijo, con las ayudas que tiene previsto lanzar Transformación Económica antes de que finalice el año. Así, en los próximos meses se pondrán a disposición de las universidades otros 38 millones para proyectos de I+D+i, y otros 15,7 millones para una nueva edición del Programa Emergia, que posibilitará captar 60 investigadores de primer nivel en Andalucía, ha apuntado.
En este contexto, Rogelio Velasco incidió en la relevancia dada por su departamento a la investigación y la innovación. Desde 2019 se han destinado cerca de 310 millones de euros a fomentar la investigación, a mejorar la dotación de recursos humanos e infraestructuras y al fortalecimiento institucional del sistema andaluz del conocimiento.
Precisamente, en este ámbito de la I+D+i y la transferencia del conocimiento, reconoció el desempeño del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI-Mar), que se ha consolidado como “un referente internacional en docencia e investigación marina”, ha aseverado.
También se refirió al Centro de Innovación Llano Amarillo, impulsado con 4,5 millones del Gobierno andaluz en el marco de la ITI de Cádiz. “Esta infraestructura, fruto de la colaboración de distintas instituciones, posibilitará que el conocimiento científico generado en universidades y organismos de investigación andaluces llegue aún más al sector empresarial”, dijo.
MÁS DEL 75% DEL PRESUPUESTO
El consejero de Transformación Económica puso de relieve el “esfuerzo presupuestario” de la Junta con las cuentas de la UCA, a las que ha aportado más del 75% de los fondos de este ejercicio. Al respecto, explicó que esta institución académica ha aumentado en 2021 su presupuesto casi un 11% respecto a 2018, en gran parte a esa aportación autonómica.
En materia presupuestaria, el responsable de la política de universidades de la Junta remarcó que, por primera vez, el presupuesto anual de las diez universidades públicas andaluzas supera la barrera de los 2.000 millones.
Velasco hizo alusión a una de las “decisiones estratégicas de mayor calado de este Gobierno” como es la aprobación del nuevo modelo de financiación, del que se está ultimando la guía de variables y fórmulas de cálculo que se tomarán como referencia para la asignación de los recursos. A su juicio, “garantizará al sistema público universitario mayor estabilidad y suficiencia económica para el desarrollo eficiente de su función académica, científica y social”.