El Supremo ratifica la designación de Delgado como fiscal general
● El PP pedirá amparo al Constitucional después de ser inadmitido su recurso contra el nombramiento
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) inadmitió ayer los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado al entender que hay una falta de legitimidad activa de ambas formaciones. La votación de la Sala se resolvió por cinco votos contra dos, y los magistrados que abogaban por la legitimidad para presentar recurso realizarán votos particulares.
De esta manera, el TS no entra a valorar la idoneidad o imparcialidad del nombramiento de Delgado por real decreto de 25 de febrero de 2020 dado que zanja el asunto por esa falta de legitimidad. La decisión la adoptó la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso y la sentencia se hará pública en los próximos días.
La decisión llega después de que el tribunal optara por mantener el asunto sobre la mesa tras inadmitir en un primer momento la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno.
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señaló que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque “la invocación de la libertad individual, el Estado de derecho, el imperio de la ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que hace el partido político recurrente –el PP en ese caso–, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo”. Ahora, la postura de los servicios jurídicos del Estado se ve respaldada por la decisión de la Sala.
Cabe recordar que el PP ante este argumento de Abogacía respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle “respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso” en los que los populares son parte. Añadía que además, como primer partido de la oposición, el PP debía ejercer control sobre los “actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional”.
A tenor de esta decisión, el PP presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Mientras, Vox no se posicionó sobre la presentación de una posible apelación. Su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, se limitó a decir de que su partido revisará “si se puede recurrir y, si no, la acataremos”.
El portavoz parlamentario remarcó que la decisión del Tribunal Supremo “ni siquiera entra en el fondo de la cuestión; simplemente, se ha decidido que ni Vox ni el PP tienen derecho a la personación justificada”.