LA VUELTA A LA NORMALIDAD
SEGURAMENTE es lo que estábamos deseando: dejar atrás por fin los avatares y las angustias de la pandemia para volver a ser como éramos. Dejar a un lado la crispación y las tensiones para retornar a la felicidad de los botellones y la juerga, las salidas y los viajes. Y también el esperado retorno a los grandes acuerdos mediante los cuales los partidos de siempre se repartían las instituciones como si fueran porciones de una tarta: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otros. O sea, volver a la democracia secuestrada, a las instituciones colonizadas, a seguir disimulando ante Europa para que no nos metan en el pelotón de los malos, junto con Hungría y Polonia.
Porque ese era el sistema del pasado, cuando las instituciones independientes eran secuestradas mediante falaces acuerdos entre partidos que se comprometían a respetar mutuamente sus respectivas cuotas. Y ahora se aparece como el reencontrado consenso exigido por la Constitución, con sus mayorías cualificadas, para la designación de ciertos órganos.
¿Alguien dijo alguna vez que se trataba de instituciones independientes? Bueno, sí, lo decía la Constitución, aquella antigualla de la Transición que hay que reformar de inmediato. Porque el problema no es sólo que se rompa con la exigencia de independencia de unas instituciones que tienen como función ejercer el supremo control sobre el sistema, ya sea el control de constitucionalidad o el control contable de las finanzas públicas; el problema adicional es que la propia calidad del personal que es nombrado para tales cargos prosigue su procelosa cuesta abajo sin solución posible. Qué lejos ya aquellos tiempos en que los miembros del Tribunal Constitucional eran los primeros espadas de sus respectivas especialidades jurídicas, los tiempos de los Rubio Llorente o Tomás y Valiente, los de Gimeno Sendra o Rodríguez-Piñero. Ahora, para acceder a un cargo tan relevante, sólo se exige una condición: ir con el carnet del partido en la boca y buscar un buen padrino. Lo de “juristas de reconocido prestigio” parece como una broma pesada para adornar el pastel. Y para colmo, hasta el mismo ex ministro Juan Carlos Campo se pone a esperar en la cola. Con este panorama en ciernes, lo más sencillo sería que los nombrados estuvieran previamente incluidos en las listas electorales del respectivo partido, para que no haya dudas. Así luego no tendríamos que extrañarnos cuando el Tribunal de Luxemburgo
o el mismo Tribunal Federal alemán pretenden darnos lecciones de derecho.
Tan difícil nos resulta entender lo que significan las instituciones independientes que a veces no nos damos cuenta de que las tenemos delante de las narices: pongamos las Juntas Electorales, llenas de reconocido prestigio al cabo del tiempo. ¿Que cómo se asegura su independencia? Pues mediante un sistema de sorteo entre jueces. El primigenio sistema de la democracia ateniense. Un mecanismo sencillo que elimina de un plumazo la perversa interferencia partidista para colonizar unas instituciones independientes que, por su propia naturaleza, deben ser de todos y actuar el servicio de todos, no de sus respectivos patrones.
Cuando a partir del año 2015 comenzó a eclosionar el nuevo pluralismo político, pareció entreverse la posibilidad de romper con estas perversas inercias del pasado: si se necesitan mayorías amplias que hay que buscar entre muchos partidos, parecía claro que, al final, sólo debería primar la calidad de los candidatos suscitando así un apoyo al margen de toda militancia partidista. Era como si empezara a soplar un viento regeneracionista, una apuesta por la calidad democrática, donde el concepto de independencia institucional podría recobrar su auténtico sentido. Pero al final los viejos partidos han acabado reventando la ilusión y reavivando esos oscuros vientos que inspiran nuestra triunfal deriva democrática.
¿Quién dijo independencia? ¿Independencia de qué? No debe haber más pauta que la que marcan las urnas y controlan los partidos con mano férrea. Y si los controladores pertenecen a la misma panda que los controlados, pues mejor para todos. Ya estamos un poco aburridos de Gurteles y Eres, de bofetadas a la mayoría, de frenos o límites a la inexorable deriva populista con que nos seducen nuestros gobernantes.
Sólo cabe lamentar una vez más la posición débil que asume al final la sociedad, nuestro papel como ciudadanos: porque con el sistema de reparto de la tarta entre los partidos, o más bien entre los partidos dominantes, al final nadie nos da vela en este entierro. Como si no fueran nuestras instituciones, las de todos, sino sólo los instrumentos a través de los cuales quienes mandan pretenden transmitir y reproducir su poder.
Qué lejos ya aquellos tiempos en que los miembros del Tribunal Constitucional eran los primeros espadas de sus respectivas especialidades jurídicas