La juez rechaza archivar el caso Plus Ultra y ordena un careo entre los peritos
● La Abogacía del Estado y la Fiscalía querían dar carpetazo a la causa sobre la ayuda pública de 53 millones a la compañía aérea
La juez que instruye el caso Plus Ultra ha rechazado archivar la causa que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a esta compañía aérea, tal y como pedía Fiscalía y Abogacía del Estado. De hecho, ha acordado una nueva diligencia para enero, un careo entre los peritos independientes y los del Gobierno.
La resolución de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, adelantada por Vozpopuli y confirmada por fuentes judiciales, se conoce después de que ayer se hiciera público que la Abogacía del Estado había pedido el sobreseimiento y archivo de la investigación “al no constar indicio alguno de la comisión de ningún hecho presuntamente delictivo”.
Esta petición de los servicios jurídicos del Estado llegaba tras evaluar el último informe pericial aportado a la causa por un equipo de peritos a petición de la magistrada instructora Esperanza Collazos.
Según ese escrito de 28 de octubre, la abogada del Estado Rosa María Seoane aseguraba que “cabe concluir que el informe pericial no aporta ningún elemento que pudiera, siquiera indiciariamente, conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ de Plus Ultra al cierre de 2019, y mucho menos indicios remotos de elemento constitutivo de tipo penal alguno”.
Por su parte la Fiscalía de Madrid indicó en su informe de petición de archivo que “no existen elemento contundentes que permitan cambiar el criterio expuesto” por el Ministerio Público en sus informes anteriores.
En el documento de 499 folios los peritos explicaron que existían “dudas más que razonables sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía” a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, “sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública” a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Partido Popular y Vox mantienen sus acusaciones con el vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora, y el consejo rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, integrado por varios miembros del Gobierno. Todos ellos siguen en condición de investigados al rechazar la juez por ahora el archivo.