Europa Sur

Suspenden la pena de un año de cárcel a la agresora de dos maestras

- R. S.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla, que condena a un año de cárcel y una multa de 90 euros a la mujer detenida el pasado octubre por agredir y vejar a dos docentes del Colegio Maestro Manuel Gómez, en Coria del Río, determina la suspensión de la pena de prisión con la condición de que no vuelva a delinquir durante un periodo de dos años.

El fallo judicial, fruto de un acuerdo de conformida­d entre las partes, declara como hechos probados que Rosa P.M. “se dirigió al despacho de la directora del centro con el propósito de localizar a la maestra de Educación Física para pedir explicacio­nes a esta última sobre la supuesta agresión a su hijo”.

Mientras la acusada conversaba con la directora, hizo acto de presencia la maestra de Educación Física y la inculpada, “sin mediar palabra”, se dirigió hacia esta última y le dio una bofetada en la cara que provocó que cayera al suelo y que se orinara

Tendrá que pagar una multa de 90 euros y una indeminzac­ión

por el miedo de la situación. La profesora agredida huyó “a gatas” hacia su despacho y, para evitar que continuara dicha agresión, otra maestra del mismo centro se interpuso, lo que dio lugar a que la acusada comenzara también a golpear a ésta con bofetadas en la cara y cuello, así como tirones de pelo. Dicha situación cesó al intermedia­r la madre de otro alumno y conseguir la segunda docente “refugiarse” en el despacho de su compañera y víctima inicial de la agresión. La acusada entró en este despacho e intentó agredir a la profesora de Educación Física, si bien su compañera se volvió a interponer entre ambas, lo que provocó que la acusada la golpeara y le introdujer­a el dedo en el ojo.

Por tales hechos, Rosa P.M. se le ha impuesto un año de cárcel, una multa de 90 euros y una indemnizac­ión de 90 euros en favor de la primera profesora víctima de la agresión. La sentencia determina la suspensión de la pena de prisión con la condición de “no delinquir en el plazo de dos años y mantener un domicilio en el que poder ser notificada”.

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