El PSOE rebaja el afán revisionista de la Transición de Unidas Podemos
Bolaños asegura que la enmienda de la Ley de Memoria Democrática pactada por los dos socios de gobierno no permitirá abrir juicios por crímenes del franquismo a despecho de la Ley de Amnistía
La enmienda que han firmado PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática para ajustar la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 ha desencadenado una nueva fricción entre los socios de la coalición de gobierno: mientras Unidas Podemos insiste en que esto abre una vía para juzgar los crímenes del franquismo, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, asegura que no cambiará el régimen penal actual y que el único propósito de esa normativa, una de las piedras angulares de la Transición, es reafirmar esa ley adecuándola a los tratados internacionales.
Bolaños aseguró en una entrevista en Onda Cero que lo que pretende esa enmienda –una de las 30 que han pactado los socialistas con sus socios morados– es “poner en valor” tanto la Ley de Amnistía como los tratados internacionales. “La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará”, enfatizó.
El portavoz adjunto de UP, Enrique Santiago, defendió ayer por su parte que la enmienda introducida a la Ley de Memoria Democrática permite juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la “impunidad”, sin que exista opción a aplicar amnistía tal y como mandata el derecho internacional. De esta forma, reivindicó que esa adición es la “vía más clara” para conseguir que los tribunales puedan investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio, tortura o lesa humanidad cometidos por el régimen franquista.
Fuentes del Ejecutivo admitieron ayer que hay ocasiones en los que se tienen que pactar una serie de enmiendas para que todos los grupos se sientan cómodos y poder alcanzar el mayor acuerdo posible, pero subrayaron que en el caso de esta medida no cambia el régimen penal de 2002, cuando España ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal.
La ley de Memoria Democrática corrobora, según esas fuentes, la Ley de Amnistía tanto en el articulado como en la exposición de motivos y, del mismo modo, recalcaron que para el Gobierno es imprescindible que se preserve la Constitución, el régimen del 78, la Ley de Amnistía y los tratados internacionales.
Aunque esta enmienda no cambia nada en cuanto a la persecución de los delitos del franquismo, se habilita una Fiscalía para investigar sus crímenes porque sí tiene efectos en todo lo que tiene que ver con la recuperación de restos, explicaron.
Respecto a las reivindicaciones de ERC, que por otro lado ve la enmienda como un engaño, las fuentes de Moncloa aseguraron que intentarán buscar una salida a su reclamación de declarar la ilegalidad del régimen de Franco.
Y sobre la exigencia de reparaciones económicas, creen que no es necesario que el Estado asuma una mayor responsabilidad patrimonial en este momento y dan este capítulo por cerrado con el pago de pensiones a las viudas y viudos de represaliados, entre otras medidas.
Los constitucionalistas no ven nada claro que la enmienda a la Ley de Memoria Democrática pactada por PSOE y Podemos para sortear de algún modo la Ley de Amnistía de 1977 abra ninguna puerta para juzgar los crímenes del franquismo, no solo por la pervivencia de esta norma, sino porque la propia Constitución cierra este camino. En concreto, el artículo 9.3 de la Carta Magna garantiza la “irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales” y la “seguridad jurídica”, preceptos que se presentan como un auténtico muro ante el cual no es posible reabrir casos ni judicializar los actos de la dictadura.
Hay sentencias del propio Tribunal Constitucional que ya han dejado claro que no es posible esta vía. En enero pasado, denegó el amparo al ex secretario general del PCE Gerardo Iglesias por las torturas policiales que sufrió durante el franquismo, precisamente bajo argumentos sustentados en este mismo artículo.
Los magistrados dictaminaron
Enrique de Santiago Portavoz adjunto de Podemos
Se cierra la puerta a que la derecha posfranquista de la judicatura no investigue”
que la querella de Iglesias, por hechos acaecidos hace 50 años, estaba basada en supuestos delitos de lesa humanidad que no se tipificaron en el Código Penal hasta 2003, sin que fuera posible su aplicación con efectos retroactivos.
Otra cosa es, según apunta a Efe el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Lorenzo Cotino, que sí puedan investigarse, bajo amparo constitucional, hechos sucedidos durante la dictadura por parte del fiscal de Sala que se creará con la Ley de Memoria Democrática, pero sin trascendencia penal.