La educación catalana abre otro frente entre Sánchez y Casado
● Aragonès pide a los colegios que incumplan el fallo sobre el castellano y espera el apoyo del Gobierno ● El PP exige la aplicación de un 155 ‘ad hoc’
El Govern, que pide a los centros educativos no aplicar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a impartir un 25% de las asignaturas en lengua castellana, espera el apoyo del Gobierno central para no ejecutar la sentencia, mientras que el PP exigió la aplicación del artículo 155 en el ámbito educativo.
El TS no admitió el recurso de casación que la Generalitat presentó contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias, por lo que este fallo es firme.
Según el conseller de Educación, Josep González-Cambray, debe ser el Ministerio de Educación quien inste a la ejecución de la sentencia, algo que cree que no ocurrirá tras la conversación mantenida el martes con la ministra Pilar Alegría. El conseller dijo que ésta le habría trasladado que “desde el Ministerio emplazarán a que se cumpla la Lomloe”, en la que “se dice que en las comunidades con dos lenguas cooficiales se debe garantizar el aprendizaje de ambas al acabar la etapa obligatoria”, lo que ya “estamos haciendo en Cataluña”.
Pero el Gobierno aclaró que no tiene “la más mínima duda” de que las administraciones cumplen “siempre” las sentencias, según fuentes del Ministerio de Educación, que no puede intervenir en este asunto, y la Alta Inspección educativa, dependiente del mismo, “no tiene capacidad de vigilancia sobre las comunidades autónomas, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Constitucional”, añadieron las fuentes.
Desde Palma de Mallorca, el president, Pere Aragonès, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que defienda y proteja el catalán en Cataluña y aseveró: “El catalán en la escuela no se toca”. Quiso ser “clarísimo” en su defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán, que “ayuda a la cohesión social del país y la igualdad de oportunidades”. Mientras que Cataluña forme parte del Estado español, argumentó, la defensa del catalán en la escuela “también” es una responsabilidad del Ejecutivo español.
En paralelo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó que “corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso a la ejecución” y, por tanto, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que en un plazo de dos meses pida al Govern que cumpla la sentencia y ahí se verá cuál es su respuesta.
Mientras, González-Cambray envió una carta a los directores de los 5.018 centros educativos catalanes en la que les anima a hacer caso omiso de la sentencia. El conseller asegura en la misiva que la sentencia “es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad”, y les garantizó el “amparo total” de la Generalitat.
El líder del PP, Pablo Casado, instó a Pedro Sánchez a aplicar el artículo 155 de la Constitución, sólo para el ámbito educativo, si la Generalitat no cumple la sentencia. El presidente popular advirtió al Ejecutivo de que está “obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales” y que, de no actuar, estaría “prevaricando”.
Por su parte, el líder del PSC en el Parlamento catalán, Salvador Illa, no cree que dar una materia más en castellano ponga en “riesgo” el modelo de escuela catalana y el uso del catalán como lengua vehicular, algo que su partido defiende.