ANDALUCÍA PUEDE CONVERGER
EN las últimas cuatro décadas la economía andaluza ha mejorado notablemente, pero no lo ha hecho más que la media española ni europea, por lo que ha mantenido una posición de retraso relativo con un nivel de PIB por habitante (PIBph) que oscila entre el 73 y el 76% (el 74, 3% en 2019) de la media nacional, siendo invariablemente la penúltima comunidad autónoma en renta por habitante, y en 2019 representaba el 68% del PIBph de la UE, 4 puntos menos que en 2000.
Sin embargo, el análisis económico prevé que la convergencia de las comunidades más pobres con las más desarrolladas se facilita en espacios económicos con libertad de mercado y con instituciones semejantes gracias a la posibilidad de emigración del empleo excedente de las comunidades menos desarrolladas y la atracción de inversiones por sus menores costes productivos, singularmente salariales.
Las razones de la falta de convergencia son complejas, pero entre ellas no se encuentra ninguna incapacidad congénita o geográfica de los andaluces, sino una insuficiente dotación de factores productivos (especialmente empresas, inversión productiva y recursos humanos con capacidad y actitud adecuadas), instituciones públicas poco eficientes y unos valores sociales y códigos de conducta insuficientemente alineados con al progreso económico.
¿Qué ha impedido la convergencia? El marco institucional no ha favorecido un comportamiento de los agentes económicos alineados con el progreso económico; es decir, no han existido suficientes incentivos para formarse mejor, ahorrar, invertir, emprender, fortalecer las empresas, innovar, internacionalizarse, cumplir con las obligaciones fiscales, más formalidad en las relaciones económicas, más responsabilidad individual, etcétera. Esto no quiere decir que nadie tenga estos comportamientos, sino que no están suficientemente generalizados o que tienen menor intensidad que en territorios más desarrollados.
Estos comportamientos han interaccionado (y en muchos aspectos se han reforzado) con el desarrollo del Estado del Bienestar y del Estado de las Autonomías desde los primeros años de la década de 1980, que generó efectos asimétricos en el país, ya que, si bien la provisión de equipamientos colectivos, servicios públicos y transferencias fue bastante homogénea entre las CCAA, su impacto fue más intenso en las comunidades que partían de bajos niveles de desarrollo, como es el caso de Andalucía, especialmente en el mundo rural. Esas transferencias y la homogeneización de servicios públicos mejoraron el nivel de vida y la seguridad de muchos andaluces, pero también frenaron la emigración y presionaron al alza a los salarios, impidiendo el ajuste automático entre salarios, empleo y emigración, y limitando la capacidad de atracción de nuevas inversiones. Singularmente es notable la generación de rentas públicas vinculadas al desarrollo del Estado del Bienestar y de las Autonomía (empleados públicos, seguro de desempleo, contratos públicos, receptores del subsidio agrario, jubilados, personas en situación de incapacidad permanente, pensiones de viudedad y orfandad, dependencia) que han retenido a millones de personas en el territorio y que han frenado a otras a formarse o a incorporarse a la actividad laboral.
Por todo ello, si bien en Andalucía siguen existiendo bolsas de pobreza y colectivos sociales vulnerables, la gran mayoría tienen sus necesidades básicas cubiertas y se produce lo que el sociólogo Pérez Yruela denomina “la paradoja de la satisfacción”, según la cual los andaluces, a pesar de que su renta per cápita es baja en términos relativos, celebran su progreso de las últimas décadas, mantienen bajas propensiones a la emigración y limitan sus potenciales ambiciones.
Por tanto, dado que no ha funcionado el mecanismo automático que podría conducir a la convergencia, si queremos converger será necesario aplicar la voluntad dirigida por una estrategia consistente de desarrollo económico. La convergencia no se produce a corto plazo y la estrategia para conseguirla no puede ser otra que el desarrollo de los factores productivos, las reformas institucionales para el mejor funcionamiento de los mercados y de los organismos públicos y remover los incentivos sociales e institucionales no alineados con un crecimiento sostenible en el tiempo. Una estrategia que, aunque pueda ser compartida en su formulación por las fuerzas políticas, no ha tenido prioridad en los 40 años de gobierno autonómico en Andalucía, en los que las políticas sociales protectoras han sido el norte de la acción gubernamental como mecanismo de legitimación política.