En el Día Mundial de las Personas con Discapacidad
● Las personas con discapacidad deben poder decidir sobre su vida, desarrollar su personalidad, participar en la sociedad y no ser discriminadas
HOY, 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Son varios los términos que se han utilizado para designarles. Así, los términos de minusválidos, retrasados o incapacitados deben ser sustituidos o eliminados de nuestro lenguaje y utilizar otros más correctos. Lo ideal es sustituir esos vocablos, como ya se viene haciendo en organismos internacionales, por “personas con discapacidad”.
En el mundo de la discapacidad ha de darse una intervención unívoca: gobiernos, medios de comunicación, asociaciones, normativas y la sociedad en general deben hacer un esfuerzo por referirse a las personas con discapacidad de forma correcta, ya que la importancia de la palabra en el trato hacia estas personas se ha de tener siempre presente y respetar el lenguaje que se emplea.
El artículo 23 de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad viene a establecer que éstas han de ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas y para ello prohíbe las consecuencias discriminatorias de la discapacidad en materia familiar.
Las personas con discapacidad tienen valor en sí mismas y tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a valerse por sí mismas. Han de tener facultades decidir sobre su vida, a desarrollar su personalidad, a participar en la sociedad y a la no discriminación.
Este grupo de personas –alrededor de 1.800.000 en España– constituyen un sector de población heterogéneo, donde han de incluirse los que sufren enfermedades raras o poco conocidas, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singular en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas.
Las continuas y variadas leyes en materia de Educación obligan a la Administración pública a “asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”. Y por tanto, la escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
No obstante, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad se denunció en el mes de marzo pasado la falta de medidas de accesibilidad (subtitulado, audio descripción, lengua de signos o lectura fácil), especialmente para los alumnos con discapacidad sensorial o con discapacidad intelectual o del desarrollo, tanto en las plataformas de formación telemáticas implantadas por las administraciones educativas como en los programas de contenidos educativos emitidos en el canal infantil habilitado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Televisión Española para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión de las clases.
La familia es el referente y soporte más importante para la mayoría de los miembros que la conforman. Su presencia es insustituible para el desarrollo socioafectivo de todas las personas y, de manera especial, para los miembros del hogar que tienen alguna discapacidad. Su presencia es relevante para promover las condiciones de equidad e igualdad de oportunidades. Las personas con discapacidad no pueden estar en mejor lugar que en sus propias familias, salvo que no puedan hacerlo, y han de estar ingresadas en centros especiales. En muchos casos se requiere del apoyo especializado y profesional para poder superar algunas de las limitaciones que son producto de esas condiciones de discapacidad.
Las familias con una persona discapacitada tienen diferentes necesidades que deben ser atendidas. Cuidar a personas con discapacidad produce un gran impacto en la calidad de vida de los responsables del cuidado, aunque no solo le afecta a ella, sino que el grado de afectación sobre la familia también es significativo. En muchas ocasiones, la consecuencia de cuidar a una persona dependiente se traduce –a más de los traumas de índole personal que se produce en el núcleo familiar– en no poder trabajar fuera de casa, reducir el tiempo de trabajo o renunciar a él para poder pasar más tiempo junto a la persona afectada. A raíz de ello el resultado es que se puede ver mermada la situación económica y surgir problemas financieros.
En septiembre pasado, siguiendo las recomendaciones de la Convención Internacional sobre los derechos de este colectivo –que por cierto abarca a un 10% de la población mundial– se ha aprobado una ley que viene a eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad, eliminándose la figura del tutor legal y será el juez quien especifique en qué aspectos necesita asistencia para ejercitar un derecho. En ningún caso podrá incluir la prohibición genérica de derechos.
Considero que es una fecha para reflexionar en torno a todas las cuestiones que afectan a estas personas, debiendo las Administraciones con competencia en relación a las mismas dedicar un apoyo no sólo económico, sino asistencial y de investigación en enfermedades pocos conocidas; resaltando el gran trabajo que vienen realizando múltiples asociaciones y ONG sobre quienes padecen ciertas deficiencias y que merecen un gran homenaje en este día, extensible a los familiares que, en cada caso, les sirven de apoyo y sin los cuales la supervivencia sería no difícil sino imposible.
La Administración debe dar apoyo económico, asistencial y de investigación