Piden un año y 8 meses de inhabilitación a Torrent por desobediencia
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para el conseller de Empresa, Roger Torrent, por un delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC), al permitir la tramitación de resoluciones soberanistas cuando presidía el Parlament. En su escrito, el Ministerio Público solicita la misma pena para Eusebi Campdepedrós –actual secretario de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat– y para Josep Costa, ambos miembros de la Mesa del Parlament que presidía Torrent por JxCat.
A Adriana Delgado, que era miembro de la Mesa por ERC y participó sólo en una de las tramitaciones de las resoluciones vetadas por el TC, la Fiscalía le pide un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.
La investigación contra Torrent y los miembros de la Mesa se deriva de una querella de la Fiscalía por la tramitación de dos resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la Monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019.
La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, concluyó que había indicios para juzgar a Torrent y al resto de diputados de su Mesa por desobediencia, al haber actuado con “desprecio a la legalidad constitucional y previamente advertidos por el TC” cuando permitieron la votación de ambas resoluciones.
En su escrito, la Fiscalía acusa a los investigados de haber admitido a trámite las resoluciones para que fueran discutidas en el Pleno “con manifiesta y previamente concertada voluntad de infringir el mandato inequívoco de las resoluciones del Alto Tribunal”.
Según el Ministerio Público, actuaron siendo “plenamente conocedores del contenido” de las providencias del TC”, a pesar de la “oposición” del resto de miembros de la Mesa y de “los expresos apercibimientos del secretario general del Parlamento y el letrado mayor”.
Varios ex miembros de la Mesa catalana se enfrentan a la misma pena