La reforma que desaparece en el horizonte
La Constitución de 1978 cumple hoy 43 años desde su aprobación en referéndum y, pese a las cuatro décadas transcurridas y los discursos de los partidos, su reforma o actualización ha desaparecido de la agenda e incluso el retoque puntual planeado por el Gobierno para corregir el tratamiento de la discapacidad ha encallado en el Congreso.
El Gobierno de Zapatero impulsó una revisión en cuatro ejes muy concretos: reformar el Senado para convertirlo en una autentica Cámara de representación territorial, eliminar la discriminación de la mujer en la sucesión de la Corona, incluir a las comunidades en el articulado y recoger la pertenencia de España a la UE.
El Consejo de Estado redactó incluso un informe, pero aquel intento no prosperó; además, uno de los puntos, la Corona, habría exigido una mayoría ultrarreforzada de dos tercios del Congreso (233 votos) y después disolución inmediata de las Cortes y ratificación por un nuevo Parlamento.
El PP siempre ha recelado de abrir el melón por temor a que se introdujeran otras cuestiones que ve inaceptables, como el cuestionamiento de la Monarquía o el derecho de autodeterminación. Lo que sí se aprobó en agosto de 2011 fue una reforma puntual del artículo 135 para imponer el principio de la estabilidad presupuestaria y marcar como prioritario para todas las administraciones el pago de la deuda. Fue pactada por PSOE y PP y se tramitó de forma exprés, sin opción a referéndum.
La anterior reforma data de 1992, cuando se añadió un inciso al artículo 13.2 para permitir el voto de los extranjeros en municipales, un cambio derivado de los compromisos acordados en el Tratado de Maastricht de la UE.
En 2018 y 2019 Pedro Sánchez fue añadiendo puntos a una futura reforma constitucional, como reafirmar la sanidad entre los derechos fundamentales, blindar las pensiones públicas en el articulado de la Carta Magna, y cambiar el articulo 99 que regular el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno para evitar bloqueos, pero todas esas ideas, expresadas en mítines, discursos o entrevistas, no llegaron a concretarse en una iniciativa articulada. La aritmética parlamentaria en esta legislatura da a la suma del PP y Vox, con 140 diputados más UPN y Foro, capacidad de veto para aprobar reformas constitucionales, por limitadas que sean.