SI COLAU QUIERE DINERO, QUE LO PIDA A LA BANCA
EL diputado canario, Alberto Rodríguez, procedente de las filas de Podemos, resultó condenado por pegar una patada a un policía. Independientemente de lo justo o injusto de la sentencia judicial por la que ha sido condenado a cinco meses de cárcel eludible con el pago de una multa, el diputado ha sido obligado a abandonar su escaño por inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. El alboroto producido no ha sido por la condena de cárcel que, tras pagar la multa, el diputado parece haber aceptado, sino por la interpretación que la presidenta del Congreso ha dado a la sentencia, obligando al diputado a dejar su escaño.
No tengo los suficientes conocimientos jurídicos como para saber si la sentencia se ajusta o no a Derecho. Sí tengo la memoria necesaria que me permite recordar el compromiso que adquirieron los de Podemos con la ciudadanía para sustanciar casos como el del diputado Rodríguez. La propuesta podemita iba más allá que la de otras formaciones: “Si te imputan, dimites”. Rodríguez fue imputado y no dimitió. Fue condenado y tampoco dimitió. Lo tuvieron que echar. Claro que, siguiendo la teoría de Echenique, Rodríguez no ha sido condenado porque “no ha tenido un juicio justo”. Echenique ha denunciado que es un “escándalo jurídico” el desenlace de todo el proceso e incluso ha hablado de “castigo político”. Conclusión: según Podemos, Rodríguez debería seguir en su escaño y los jueces que “maniobraron para despojar del acta a un miembro electo” serían los que tendrían que irse a su casa.
En un nivel inferior, en el Parlamento de Cataluña, la presidenta del mismo, la señora Laura Borràs, del grupo parlamentario JxC, propuso formalmente que la Junta de
Portavoces aprobara una modificación del Reglamento por el que se rige la Cámara legislativa catalana. Una nimiedad. Se trataba solo de modificar un artículo de ese Reglamento que obliga a dimitir al diputado que fuera citado a juicio por un presunto delito de corrupción. ¿Y por qué Borràs tenía tanto interés en esa modificación? Sencillo. Ella es la que va a ser juzgada por un delito de corrupción. “Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo” se lee en el Evangelio, según San Mateo. Si el Reglamento del Parlamento te obliga a dimitir, arranca el artículo 25.4 que contiene ese mandato y muerto el perro, se acabó la rabia.
En este caso, como en el anterior, la señora Borràs advirtió de que ese artículo no le afecta, pues considera que su caso no tiene nada que ver con la corrupción, sino que se enmarca en un contexto de “hostilidad judicial” del Estado contra el independentismo. La dirigente nacionalista, que se presenta como “víctima de una investigación ilegal”, está imputada por los delitos de prevaricación, fraude en la Administración y malversación. Y lo más gracioso de todo es que alguien como ella, que milita en el partido del fugado Puigdemont, y que se pasan la Constitución por donde no deben, acude al texto constitucional para que “se suprima ese artículo del Reglamento, porque colisiona con el derecho constitucional a la presunción de inocencia”. ¡Qué gracia! Una independentista, Laura Borràs, amparándose en la Constitución española y otro, el presidente Aragonès, pasándose por el forro las sentencias del Tribunal Supremo. Los independentistas usan la Constitución para no mojarse cuando llueve o para dar paraguazos cuando escampa.
Lo que más sorprende es que ni el diputado Rodríguez ni la presidenta Borràs hayan presentado sendas querellas por prevaricación contra las correspondientes Salas del Supremo que, según ellos, ya tenían fabricadas las sentencias antes de que se celebraran los juicios.
En Gila debió de inspirarse la alcaldesa Colau al comentar la sentencia del Supremo que obliga a que en los centros públicos de Cataluña se dedique un cuarto del tiempo escolar a la enseñanza en castellano. Dijo Colau que “si no están de acuerdo con la desobediencia de la administración educativa catalana, que se compren el castellano en un centro privado”. Pensará la alcaldesa que los españoles procedente de otras regiones que han llegado a Cataluña para trabajar de albañil disponen de un sueldo similar al que ella cobra como regidora para poder pagar matrícula y mensualidades para aprender una lengua, el castellano, que ellos dominan.
Solo queda que la Sociedad Civil Catalana se una para no pagar los impuestos municipales de Barcelona siguiendo la tesis de su alcaldesa. “Si quiere dinero, que se lo busque en la banca privada”. Si pide que no se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo, ¿con qué autoridad va a pedir que se cumplan las ordenanzas municipales?
¡Qué gracia! Una independentista, Laura Borràs, amparándose en la Constitución española y otro, el presidente Aragonès, pasándose por el forro las sentencias del Tribunal Supremo