La no-reforma de la financiación autonómica

El contexto político condiciona el éxito de la negociación entre las distintas administraciones hasta casi hacerla inviable Las autonomías reclaman recursos en un tiempo de superávit

CUÁNTOS gobiernos (autonómicos y central) están realmente dispuestos a embarcarse en la reforma del modelo de financiación autonómica? Me sobrarían dedos de una mano para contarlos. No me refiero a la cuestión obvia de preguntar a las comunidades autónomas si se consideran infrafinanciadas y, por tanto, si desearían un nuevo sistema que les proporcione recursos adicionales. O si el Gobierno central preferiría, como broche de final de legislatura, dejar resuelto un problema que lleva años enquistado. Ahí claramente uno y otras declamarían con solemnidad que por supuesto, que su compromiso con la reforma es inequívoco.

Sin embargo, a nadie se le escapa que las coordenadas de dicha reforma no son muy favorables al cambio. Y, tanto por las señales ya emitidas como por las perspectivas que pueden intuirse en el horizonte, no resultará un plato de buen gusto generalizado. Abordémoslo por familias de intereses aunque el primer agente, el Estado, no dispone de aliados. Eso sí, es el más poderoso de los negociadores. No en vano cuenta con el mismo número de votos que las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la iniciativa legislativa para llevar el proyecto de reforma a las Cortes Generales y, sobre todo, con la bolsa del dinero.

El Gobierno central acaba de presentar un documento, por cierto de indudable valor técnico, para iniciar la discusión sobre uno de los conceptos menos políticos del sistema de financiación autonómica: la población ajustada. Ésta no es más que una aproximación a los costes relativos de provisión de servicios públicos, a través de variables esencialmente demográficas y geográficas. Su principal problema para la negociación reside en que es un juego de suma cero. Es decir, cuando una variable aumenta su peso en la fórmula, y eso tiene efectos sobre cómo se reparte el dinero, otra debe reducirlo. Y las autonomías no son neutrales a esos cambios. Unas ganan y otras pierden.

El documento se resguarda frente a esa tempestad y, para la mayoría de las propuestas, se fijan unas horquillas entre las que puede evolucionar el peso de esas variables. Con otras palabras, se tendrá que introducir cierta discrecionalidad (política) para fijar la propuesta final. Y eso ya empieza a complicar el inicio de una discusión que no puede ser solo técnica. De hecho, el debate debería continuar sobre si se mantiene la actual nivelación parcial, si se introducen elementos de armonización fiscal, si se debilita la posición de partida de algunas autonomías (statu quo), etc. Asuntos todos ellos de indudable contenido político. Si a eso añadimos que las corporaciones locales pueden reclamar también cambios en su sistema de financiación, no debiera extrañarnos que el gobierno haya lanzado la reforma de puntillas por el lado técnico y dejando meses hacia adelante para la discusión política, si ésta llega.

En el lado de las autonomías las cosas tampoco se atisban favorables para la necesaria reforma. Cataluña, antaño motor de cambios en este terreno, ni está ni se le espera. Las ambiciones (fingidas o reales) de su actual gobierno casan mal con la “modesta” discusión acerca del dinero a repartir junto al resto de regiones. En otras comunidades como Andalucía o Castilla y León se escuchan tambores de convocatoria electoral y, en ese contexto, las negociaciones se enrarecen, por no decir que se extinguen. Y las estrategias políticas se extienden incluso más allá de las fechas electorales; piensen en la discrepancia metafísica en materia fiscal que enfrenta al Gobierno central con el de la Comunidad de Madrid; un eventual acuerdo en financiación autonómica enfriaría una tensión que, siendo mal pensado, parece interesar a ambas partes. Contra Franco vivíamos mejor, que decía aquel.

Añadamos ahora la situación de sobrefinanciación relativa en que se encuentran la mayoría de las comunidades. Su superávit hasta septiembre superaba los 9.000 millones de euros. Bien es cierto que ello se produce como consecuencia de abundantes transferencias discrecionales desde el Estado pero también el actual sistema de financiación ha contribuido a ello con evidente prociclicidad. Reclamar más recursos en ese contexto puede sonar algo extemporáneo, máxime cuando el Estado y la Seguridad Social han de abordar problemas financieros muy superiores. Incluso las comunidades peor financiadas como Andalucía y Murcia se pueden ver enfrentadas a sus propias contradicciones: reclaman más recursos al tiempo que bajan impuestos, recaudando menos que si no los bajasen.

Entre las que se encuentran financiadas por encima de la media el temor reside en que el nuevo modelo no respete la situación actual, tal y como reclaman expertos y la propia naturaleza de la reforma. ¿De qué serviría cambiar el modelo si el statu quo permanece? Bien es cierto que existen métodos para atemperar este cambio pero, de un modo u otro, siempre son costosos de aceptar en carne propia. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Lo hemos visto estos días con Canarias o Galicia.

Posiblemente la comunidad más interesada en la reforma sea la valenciana. Tanto su gobierno como su sociedad civil se encuentran extremadamente sensibilizados respecto a este tema. No en vano llevan años sufriendo una falta de equidad manifiesta. Ahora bien, una golondrina no hace verano.

En definitiva, con la reforma de la financiación autonómica ocurre como con tantas otras. A pesar de ser muy necesaria, las actuales condiciones políticas condicionan sobremanera el éxito de cualquier negociación, hasta casi hacerla inviable. No es descartable, sin embargo, que se siga el ejemplo de la de pensiones: patada hacia adelante. Si al menos en el caso autonómico los parches estuviesen bien alineados con una reforma de más amplitud en el futuro (¿cuándo?), nos podríamos dar por satisfechos.

El Gobierno ha remitido una propuesta inicial sobre el criterio de población ajustada