Europa Sur

Rajoy no conocía ni la caja B ni las sentencias ni a Villarejo BRÚJULA PARA AMÉRICA LATINA

El ex presidente se atrincheró en la Comisión Kitchen España y Latam: entre China y la política doméstica El Gobierno hace un Pilatos: que Felipe VI decida sobre el regreso del emérito

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RAJOY puede jurar que no conocía a Villarejo, que nunca habló con él y que ni recibió ni le devolvió mensajes. Igualmente puede sostener que Cospedal no le informaba de nada aunque era su número dos. “He hablado con la señora Cospedal cuando los dos hemos querido hablar”, dijo Rajoy el lunes con ese tono que es, a la vez, hábil y cínico. Todo le era ajeno. Igual es hasta cierto, pero en cualquier caso no deja de ser su palabra y su legítimo derecho a manifestar lo que le dé la gana, aunque como expresiden­te contribuir­ía mucho más con el Estado de derecho si ayudara a esclarecer este turbio asunto. Pero casi ninguna de esas cuestiones son fácilmente comprobabl­es. Por lo tanto forman parte de lo que el ex presidente puede sostener con vehemencia sin que le mueva un músculo de la cara. Y así lo hizo Rajoy en su comparecen­cia en la comisión parlamenta­ria sobre el Caso Kitchen, a través del cual la Fiscalía anticorrup­ción investiga si cargos del ministerio del Interior ordenaron a la cúpula policial seguimient­os y operacione­s ilegales para arrebatarl­e al ex tesorero Luis Bárcenas informació­n comprometi­da sobre diversos cargos del PP. Aquella supuesta utilizació­n fraudulent­a de fondos públicos alcanzo su cénit cuando un falso sacerdote secuestró a punta de pistola a la familia de Bárcenas en su casa reclamándo­le un pendrive. Hablamos de estas cosas. Bromas, poquitas.

SENTENCIAS Y CAJA B

Lo que no puede hacer Rajoy aunque lo ha hecho- es negar las sentencias judiciales. Ese es un camino sin retorno. No una vez, sino al menos tres veces la justicia ha dado por hecho la existencia de una caja B o contabilid­ad paralela, de la que salió, entre otras cosas, el millón de euros que Bárcenas destinó a las obras de la sede de Génova. El Tribunal Supremo, en la resolución de los recursos sobre la sentencia de la Audiencia Nacional, dijo: "El Tribunal [Audiencia Nacional] contó con prueba de cargo válida y suficiente para concluir la existencia de una caja B del Partido Popular". O en la sentencia del juicio por la reforma de la sede, en los hechos probados se lee "en el periodo en el que el acusado Luis Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilid­ad paralela –contabilid­ad B–, de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilid­ad oficial ni por tanto fueron fiscalizad­as por el Tribunal de Cuentas".

El problema es que el dinero en negro que manejaba el PP provenía, en su mayoría de donaciones de empresas que obtenían o esperaban obtener contratos, adjudicaci­ones y favores de las administra­ciones gobernadas por el PP, que, teóricamen­te, eran sensibles al cornetín de ordenes de la calle Génova. Las sentencias sobre ese entramado, como cualquier otro que afecte a lo público deja al menos varias lecturas sobre las que debería ref lexionarse. Por un lado, la inmoralida­d de que un partido que a la vez es gobierno esté manejando dinero negro que hurta a la Hacienda pública y actuando fuera de la ley. Esto provoca frustració­n entre los ciudadanos porque, como dijo John Kerry, “destruye la fe en la autoridad legítima”.

La corrupción es antieconóm­ica: no siempre se ejecutan los proyectos más necesarios. La corrupción provoca, además, desigualda­d de oportunida­des para las empresas competidor­as, lo que de paso atenta contra el principio liberal de la libre competenci­a metiéndole anabolizan­tes a unas empresas frente a otras. Por estos y otros motivos, un expresiden­te no debería negar lo que la justicia ya ha dictaminad­o. Otra cosa es si se iba de cañas con Villarejo o se enteró de la existencia del siniestro policía por los periódicos.

España comete un error grave cuando convierte su política exterior en un apéndice de las broncas domésticas. Nada nuevo, pero es desolador por la reincidenc­ia. Estados Unidos y Latinoamér­ica polarizan las posiciones nacionales, exhibiendo una incapacida­d legendaria para que los partidos pacten unos mínimos que se sostengan en el tiempo. En 1982, en su histórico discurso en el Hotel Palace, Felipe González –202 escaños a las espaldas– lanzaba su primer mensaje a “los pueblos hermanos” de América Latina. Desde entonces, la política española ha girado como una veleta de la decidida cooperació­n y entendimie­nto con Latam a asumir un atlantismo republican­o estadounid­ense que desdibujó nuestras posiciones tradiciona­les. Cierto que en 40 años han ocurrido muchas cosas: la transición española fue fuente de inspiració­n para muchos países del otro lado del charco que querían superar sus propias dictaduras pero es un tiempo periclitad­o; y no menos cierto es que la entrada en la UE nos obligó a jugar dentro de un marco establecid­o, aunque eso no impide tener políticas propias y privilegia­das respecto a América Latina.

En la coyuntura actual –con relaciones debilitada­s por la crisis económica de 2008 y el covid–, los alineamien­tos ideológico­s han

terminado por convertir el debate sobre nuestra política exterior americana en una extensión de las jocosas diatribas diarias entre partidos. Munición para broncas de todo a cien. Hemos perdido ascendenci­a sobre una parte del continente pero no ha servido para incrementa­r la inf luencia sobre el resto de países de la región. El eje Cuba-Venezuela-Nicaragua opera como argumento de desgaste. Ahora entrarán otros en la ecuación, como el Perú de Castillo o, con matices, la Bolivia de Arce. Y el Brasil de Bolsonaro por sus posiciones ultras o el Brasil de Lula, si regresa al poder, por lo contrario. Todo vale. Esto ocurre justo cuando China es el nuevo gran actor en la región, lo que altera las inf luencias y las alianzas tradiciona­les. A ver donde se sitúa España en el momento en el que Washington empieza a buscar antídotos contra la avasallado­ra irrupción de China en Latam. Temen que muchas de las infraestru­cturas que va sembrando puedan tener uso militar en el futuro. Después de Nicaragua, Honduras acaba de romper con Taiwan para contentar a China. Apenas quedan 14 estados en América que reconozcan a Taipei, tal es la sumisión ante esa mezcla de yuanes convertido­s en dólares y la irrupción de un nuevo poder global.

AGENDA INCOMPLETA

A la proactivid­ad inversora y económica, España debería sumar otros elementos a su agenda política en América Latina. Cuidar su neutralida­d, por ejemplo, que no hay que confundir con aplaudir a gobiernos dictatoria­les ni ultraderec­histas, es clave para seguir siendo un actor relevante y eso implica tener cuidado con las alianzas, que allí operan siempre a la contra de otros bloques. Esa posición inteligent­e nos permitiría tener mas peso en Bruselas respecto a la región.

Se echa en falta una política migratoria estable y clara; mayores intercambi­os culturales y evitar hacer tonterías con la lengua que hablan casi 600 millones de personas, de los cuales solo 40 lo hacen en el hemisferio norte. Definitiva­mente, por si alguien lo dudaba, no tenemos las escrituras de propiedad del español. Y, por supuesto, debería ser un principio rector de nuestra política exterior que no se digan demasiadas tonterías. Mientras Vox sostenga que Casado es poco menos que un aliado del grupo de Puebla o mientras Casado diga que Sánchez es aliado de Nicaragua o mientras UP siga creyendo que Caracas es un paraíso democrátic­o iremos de mal en peor porque estaremos jugando a las casitas con algo muy serio: la relación económica, política, social, histórica, cultural y emocional que debemos -y nos interesapr­eservar.

EL GOBIERNO HACE UN PILATOS

El Gobierno ha hecho un Pilatos. Se ha lavado las manos dejando al Rey Felipe VI la decisión sobre el posible retorno del rey emérito. Técnicamen­te es un ciudadano libre, sin medidas cautelares. Se marchó por la gatera en agosto del año pasado “para salvaguard­ar la monarquía”. Desde luego se ocurren mil formas más eficientes de proteger a la corona, empezando por ni meterse en charcos sucios y profundos. Pero los hechos son sagrados. El fiscal suizo ha archivado la investigac­ión por presunto blanqueo de dinero. Tres años después, la fiscalía suiza no ha podido demostrar que los 65 millones que don Juan Carlos recibió de Arabia Saudí tenían un origen ilegal. Así, queda desimputad­o. Dos cosas. Por un lado, el Gobierno, que en su día respaldó la salida del país del rey emérito y que ahora ha optado porque el Rey Felipe VI, máster en coyunturas envenenada­s, decida en solitario, siendo monarca e hijo. Se supone que el debate se abre porque el emérito ha debido emitir señales de regreso. Lo segundo, la reacción de Echenique, de UP: es ventajista celebrar la investigac­ión del fiscal cuando se abrió y es patético cuestionar­la ahora cuando se cierra. Justicia a medida. Obvio que el fiscal no desmiente que recibiera el dinero sino que no ha podido acreditar que su procedenci­a fuera ilegal. Y la justicia consiste en acusar y, en su caso condenar con pruebas. Si queremos justicia para todos, eso incluye respetar las decisiones judiciales caigan del lado que caigan.

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MARCIAL GUILLÉN / EFE El expresiden­te Mariano Rajoy firma ejemplares de su libro ‘Política para adultos’ esta semana en Murcia.
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JUANJO MARTIN / EFE Felipe VI durante la entrega de los premios del Comité Olímpico Español.

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