Las mascarillas vuelven a las calles y la vacunación y el rastreo se refuerzan
● El Gobierno decreta cubrirse la cara después de seis meses y propone al Ejército y a sanitarios jubilados y extranjeros para enmendar la saturación del sistema
Sánchez plantea el objetivo de poner la tercera dosis en marzo a los mayores de 40 años
España está haciendo todo lo posible por no volver al pasado. Los dirigentes, incluidos los autonómicos, pretenden contener la sexta ola sin la adopción de medidas drásticas, sin nuevas restricciones como han hecho Austria, Países Bajos o Francia; en definitiva, no volver al pasado. Sólo habrá un regreso: seis meses después, la población volverá a estar obligada a portar mascarillas en las calles, una medida que recibió la crítica de los especialistas en Salud Pública. La sexta ola, por tanto, deberá af lojar pese a la variante ómicron y el Gobierno central lo apuesta todo no a contener el auge de contagios sino a contener las consecuencias que la ola tenga en un sistema sanitario que vive en una mar gruesa desde casi dos años. El Gobierno, que se ufanó insistentemente en mirar hacia delante, anunció una fortificación de las estructuras de rastreo y de la vacunación, ahora maltrechas debido a la sexta ola, recurriendo a los militares y a sanitarios jubilados, prejubilados y no comunitarios.
Prevención y protección, mascarilla y protección, abundó al respecto a su plan de actuaciones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aclaró en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes que las comunidades autonómicas, con cuyos jefes de los ejecutivos estuvo reunido antes, disponen de un arsenal de instrumentos normativos y recursos jurídicos para hacer frente a la pandemia, es decir, para implantar restricciones, presuntamente restricciones de índole renovada. Por ahora, por eso, Sánchez se limitó a imponerse la tarea de la vacunación, esto es, de situar objetivos para la administración de la tercera dosis, la de refuerzo, la que dota de una efectividad recuperada frente a la variante ómicron para los mayores de 40 años.
Los objetivos del Gobierno central, encargado de distribuir las dosis de las vacunas a las comunidades autónomas, consisten en que el 80% de la población de entre 60 y 69 años tenga la tercera dosis antes de que finalice el año; que el 80% de entre 50 y 59 años lo esté en la semana del 24 de enero y que el 80% de entre 40 y 49 años tenga la dosis de refuerzo en la primera semana de marzo. Las personas vacunadas con Pfizer o Moderna lo harán seis meses después de la segunda dosis; quienes recibieron Janssen o Astrazeneca lo harán pasados los tres meses. Además, respecto a la campaña en la población infantil, dispuso que el 70% de los niños de entre 5 y 11 años cuente con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero y que el 70% tenga
la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril.
Sánchez, que informó de una reunión con los presidentes autonómicos cada diez días mientras azote la sexta ola, propuso la contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y la habilitación para contratar a profesionales con título de especialista obtenido fuera de la Unión Europea. Fuentes de la reunión señalaron a la agencia Europa Press que el Consejo de Ministros que se celebrará hoy de modo extraordinario aprobará un “refuerzo de recursos humanos” para profesionales pensionistas. Otro objetivo en relación a las condiciones del personal sanitario se dirigirá a bajar la temporalidad por debajo del 8%.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, el Gobierno central emitirá autorizaciones temporales para permitir la venta en las oficinas de farmacia de test de antígenos de uso profesional, medida que celebraron los boticarios andaluces con una nota.
Siguió la polémica del fondo Covid. Varios presidentes autonómicos, entre los que estuvo Juanma Moreno, reclamaron una vez más al Gobierno otra partida que pueda sufragar los gastos derivados del recrudecimiento de la pandemia, de la verticalidad de la sexta ola. Fuentes del Ministerio de Hacienda informaron a este medio de que los Presupuestos de 2022 incluyen un fondo extra, no estrictamente fondo Covid –como ya sucedió con las cuentas de 2021–, para compensar las liquidaciones negativas autonómicas de 2020, que se ajustará en julio de 2022, y para compensar el IVA de 2017. Esta partida es de 7.000 millones. A Andalucía le corresponden 1.770. Las autonomías quieren sin embargo otro fondo, una partida finalista para la sanidad, algo que Sánchez afirmó estudiar
para lo venidero. En cuanto a la obligatoriedad de llevar mascarilla, medida que será prescriptiva a partir de mañana –después de que lo apruebe hoy el Consejo de Ministros–, fue la política que recibió un mayor número de críticas, no solamente de la población, aunque habrá excepciones, pues Sánchez adelantó que no serán obligadas en lugares como la montaña o durante la práctica de un deporte. “Las mascarillas en exteriores con distancia no son necesarias. Nunca lo han sido”, afirmó taxativamente Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, excepto en el caso de que haya aglomeraciones. Un amplio sector de especialistas en Epidemiología y Salud Pública abundó en que se trata de una medida más política que científica, ya que el problema de la transmisión del virus no está en el exterior, sino en los interiores.
La Conferencia de Presidentes se reunirá cada diez días mientras dure la sexta ola