ABUSONES Y ENCUBRIDORES

SERÁ la nefasta singularidad española o será que todas las élites e instituciones, también la religiosa, han entrado en crisis de legitimidad irreversibles. El caso es que la jerarquía de la Iglesia católica de nuestro país ha tenido y tiene una actitud decepcionante en relación con el problema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes durante décadas.

Primero han silenciado estas agresiones que han traumatizado a cientos o miles de niños y adolescentes que fueron confiados al cuidado de sus depredadores y que son a la vez pecados graves y delitos abominables por cometerse sobre inocentes. Cuando, a pesar de todo, ha trascendido algún caso, se han limitado a apartar temporalmente al agresor o cambiarlo de destino, asegurando casi la reincidencia.

Después, convertido el asunto en escándalo mundial y afrontado al fin con más firmeza por los papas Ratzinger y Francisco, los obispos de Estados Unidos, Francia y Alemania han sido proactivos y han promovido comisiones de investigación independientes, con resultados concluyentes y depuración de responsabilidades a todos los niveles y medidas de reparación a las víctimas.

Los obispos españoles, por el contrario, han sido propasivos. Han rodeado la pederastia propia de un muro de silencio impenetrable al principio y traspasado de buenas palabras después, han tardado años en asumir la gravedad de los daños causados en parroquias, seminarios y colegios y han arrastrado los pies en la represión de estas conductas hasta que ha sido imposible seguir ocultándolas.

Todavía hace un rato, como quien dice, la Iglesia oficial –en toda la columna no me refiero para nada a los católicos en general– contestaba al ser interpelada que los casos de abusos en España eran “muy pocos”, como si el número determinara la gravedad, que los testimonios recogidos por el periódico más importante del país tienen escaso rigor, cuando han sido expresados por los propios abusados con nombres y apellidos, y que como han sido entregados al Papa actual, corresponde investigarlos a un órgano Vaticano (la Congregación para la Doctrina de la Fe) y no a las diócesis españolas afectadas, que “no tienen competencias”.

Ahora que caigo, aquello de los Evangelios de que lo que hicisteis a alguno de estos pequeños a Mí me lo hicisteis, ¿no se debería aplicar tanto a las cosas buenas como a las atrocidades contra los humildes?

La jerarquía católica ha rodeado de silencio los abusos y arrastrado los pies en la represión de estas conductas