Tres de cada diez beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son andaluces
La ayuda estatal ya llega al triple de personas que la renta andaluza, que está en proceso de reforma para compensar donde el IMV no llega
Tres de cada diez beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) viven en Andalucía. La prestación impulsada por el Gobierno central en mayo de 2020 llegaba el pasado septiembre a 247.554 personas en la comunidad, es decir, el 30,98% del total estatal (799.203). Desde noviembre del pasado año, el número de beneficiarios andaluces ha crecido en un 60%, pero el peso respecto al resto del país ha caído levemente en este periodo, ya que entonces las prestaciones que llegaban a Andalucía suponían el 33,4% del total nacional.
Ese crecimiento del número de personas que reciben la ayuda ideada por el Ministerio de Inclusión y el de Derechos Sociales ha provocado también que los beneficiarios del IMV tripliquen ya a los que reciben la Renta Mínima
de Inserción Social, gestionada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta. Con datos de diciembre de 2020, eran 76.723 las personas que recibían esta ayuda creada por el anterior Ejecutivo socialista, pero que fue impulsada por el departamento que dirige Rocío Ruiz (Cs). No obstante, este año el presupuesto alcanzó los 115 millones de euros, menos que los 135 millones de 2020, que es el último ejercicio con datos disponibles.
La existencia de estas dos prestaciones, creadas en el último lustro, permite que 359.998 personas sin ingresos o con baja renta en Andalucía reciban ayudas. El problema es que la llegada del IMV, que ha permitido que la cobertura llegue a más ciudadanos, provocó un estancamiento de la renta mínima andaluza porque, en parte, ambas ayudas tenían ciertas incompatibilidades. Y esto tiene mayor relevancia en una comunidad donde el 35% de la población vive en riesgo de pobreza, según datos de la Red Andaluza
de la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El desequilibrio entre ambas ayudas varía por provincias, ya que el IMV tiene mayor preponderancia sobre la ayuda regional en Sevilla y Cádiz, donde el 77,32% y el 74,22% de las personas que tienen concedidas una de las dos prestaciones reciben la estatal. En el otro extremo están Granada y Huelva, donde el porcentaje de beneficiados por el Ingreso Mínimo Vital son el 61,52% y el 61,07% respectivamente. En términos absolutos hay que reseñar que Cádiz es la segunda provincia andaluza donde más personas reciben la ayuda estatal (45.316), sólo por detrás de Sevilla (52.648), a pesar de que es la tercera más poblada de la comunidad. Málaga, que tiene casi medio millón más de habitantes que Cádiz, tiene menos beneficiarios del IMV (41.909).
En el Gobierno andaluz son conscientes de la problemática y por ese motivo puso en marcha una adaptación de la prestación autonómica, que pasará a llamarse Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII). Este proyecto, que se hizo público hace ya casi un año viene a solucionar las incompatibilidades con el IMV, pero también a atajar uno de los problemas que han tenido este tipo de ayudas desde su creación. Ya el salario social andaluz, la prestación que fue sustituida en 2018 por la Renta Mínima de Inserción Social, no era eficaz en la reducción de la pobreza infantil. Por ese motivo, entidades como Save the Children y Unicef siempre han reclamado a la Junta más atención a los menores en riesgo de exclusión. El IPII vendrá a mejorar esta situación una vez que salga adelante, algo que urgen desde Podemos Andalucía, que piden que las prestaciones autonómicas “sean complementarias al IMV y lleguen a todas las personas que sufren vulnerabilidad”.
Es reseñable destacar que el 38% de los beneficiarios del IMV estatal son menores (94.096), aunque el porcentaje varía entre las distintas provincias. En Cádiz baja al 35,2% y en Sevilla y Córdoba supera el 37%. En el otro extremo está Almería, donde los menores de 18 años que reciben la ayuda del Gobierno central alcanza el 40,5%. Para mejorar la situación de los menores en riesgo de pobreza, las reformas que se han aprobado recientemente en la ley que regula el Ingreso Mínimo Vital han permitido la creación de una cuantía extraordinaria para las familias con bajos ingresos hasta que los hijos cumplan 18 años.
El trámite de la ley del Ingreso Mínimo Vital, que finalizó el pasado 16 de diciembre, también ha modificado los requisitos para los menores de 30 años, que sólo tienen que acreditar dos años de vida independiente para ser beneficiarios. Además, quienes agoten el subsidio por desempleo y sigan sin ingresos podrán acceder al IMV sin que la cuantía se vea reducida, mientras que las personas que sufran una pérdida repentina de acceso tendrán garantizado su acceso a la prestación y las prestaciones de dependencia no se tendrán en cuenta como ingresos para optar al ingreso estatal. También se ha producido un aumento del 22% en la ayuda para familias con miembros discapacitados y, según los PGE, la ayuda ha crecido de forma general un 3%. Desde Podemos Andalucía apuntan que estos cambios han servido para atajar las “grandes carencias” que tenía el IMV en su concepción inicial y reclaman a la Junta una labor similar y no “alardear de superávit mientras rebaja las partidas para las ayudas a quien más lo necesita”.