El Consejo de Economistas mantiene el crecimiento pero alerta sobre la inflación

● Con un aumento del PIB del 4,7% en 2021 y del 5,6% para 2022, avisa de que la tasa de inflación es parcialmente estructural

El Consejo General de Economistas mantuvo ayer intactas sus últimas previsiones, con un crecimiento del PIB del entorno del 4,7% para 2021 y del 5,6% en 2022, pero advierte del creciente riesgo de que las altas tasas de inf lación tengan ya un carácter “estructural”, al menos parcialmente.

Según el informe de su Observatorio Financiero, la subida de precios supone un “peligro” y “lastrará” la subida del PIB del primer trimestre de 2022, cuando anticipa un crecimiento “plano” por la “falta de inercia” de los últimos tres meses del pasado ejercicio y el fuerte aumento del IPC, que cerró diciembre en el 6,7%. La entidad recordó que se trata de la mayor subida de precios de los últimos 30 años e implicará una contracción del consumo, considerado uno de los principales motores de la economía española.

Los autores del informe incidieron en que especialmente preocupante es el incremento de la inf lación subyacente –que excluye energía y alimentos y que se situó en el 2,1% en diciembre–, ya que ha ido repuntando progresivamente y supone una prueba de que el encarecimiento de la electricidad, el gas o la gasolina “ya está influyendo en el precio del reto de productos”. “Esto hace que el incremento de la inf lación ya no sea coyuntural, sino que, en parte, sea estructural”, defendieron.

En su opinión, la subida de precios también amenaza con restar competitividad a las exportaciones españolas, sobre todo si aumentan los costes laborales “vía incremento del salario mínimo o a través de las cotizaciones sociales”, por lo que “puede que no sea el mejor momento” para adoptar estas medidas. “El tejido empresarial español está conformado fundamentalmente de pymes, muy sensibles al incremento de los costes energéticos y los costes laborales, con apenas colchones para, no solo invertir, sino sobrevivir a las incidencias”, argumentaron.

La extensión de medidas excepcionales por la pandemia –la extensión de los ICO o la moratoria concursal– “tiene como consecuencia diferir el cierre de una parte importante de estas pymes”, lo que penalizará la estructura económica del país y el empleo.