LA FÓRMULA PARA EL EMPLEO
EL Ayuntamiento de San Roque ha puesto en marcha la construcción de dos grandes edificios que tendrán todo lo necesario para acoger en un futuro sendos centros de formación profesional. El objetivo del gobierno municipal socialista es poder atender la demanda permanente de personal cualificado de muchas empresas del Campo de Gibraltar, que en demasiadas ocasiones deben recurrir a profesionales foráneos para cubrir los puestos de trabajo que ofertan, un hecho que contrasta con que la comarca haya cerrado 2021 con 33.367 desempleados, 3.560 de ellos residentes en la localidad. Como adelantó Alberto Rodríguez el pasado viernes en estas páginas, uno de los inmuebles está pensado para convertirse en un centro de Formación Profesional para el Empleo y el otro se concibe para la FP dual. Se especializarán, o esa es la intención, en las ramas del turismo y la industria, de tal forma que los trabajadores y/o alumnos sean ya empleados de las empresas del entorno o aspiren a formar parte de ellas. El órdago lanzado a la Junta de Andalucía por Juan Carlos Ruiz Boix, el alcalde sanroqueño, recuerda a aquellos otros que años atrás planteaba una empresa sanitaria con implantación en varias provincias andaluzas ante las evidentes carencias que el sistema público presentaba –y presenta aún– en diversos municipios y comarcas: construía los hospitales, los ponía en servicio de forma gratuita durante un periodo de tiempo para ganarse las simpatías de la población y, una vez hecha evidente su necesidad, situaba al Servicio Andaluz de Salud en el brete de concertar sus servicios. En más de una ocasión logró llevarse el gato al agua. Al frente de un ayuntamiento saneado económicamente como pocos, la apuesta de Ruiz Boix con la construcción de los dos institutos no es pequeña y se eleva 2,17 millones de euros, de los que 500.000 corresponden al fondo creado por la Diputación de Cádiz para paliar los efectos del Brexit. Quiera o no quiera, la Junta deberá mover ficha pronto. De momento y si acepta el regalo –que cada cual calcule la dosis de veneno que incorpora– se encontraría con dos institutos cuyo coste de construcción, pese a ser su competencia directa, ya se habría ahorrado. Su responsabilidad se ceñiría a dotarlos con el mobiliario y demás equipamiento necesario, además de contratar al personal docente y no docente para su puesta en marcha. El resultado sería un win win en el que tanto la administración local como la autonómica se apuntarían un tanto, aunque el verdadero triunfo sería para los parados y trabajadores que mejorarían su capacitación profesional gracias a los cursos recibidos. Lo tiene complicado el Gobierno de PP-Cs para rechazar los dos centros, especialmente a la hora de explicarse ante una ciudadanía que anhela soluciones por encima de colores políticos. Ruiz Boix ha dado un paso adelante audaz, no solo por fiar el futuro a la decisión de una administración gobernada por partidos ajenos al PSOE, sino también porque, en el fondo, su propuesta representa una enmienda a la errática e ineficaz política de empleo desarrollada por su partido durante años en Andalucía.
El triunfo sería para los parados y los trabajadores que mejorarían su capacitación profesional gracias a los cursos