Europa Sur

Malestar en las comunidade­s beneficiad­as

- Efe

Las cuatro comunidade­s autónomas –País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadur­a– que, según consta en el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, recibieron fondos europeos adicionale­s para la promoción del empleo, cargaron ayer contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y contra el PP por llevar este asunto a los tribunales.

Ante esto, los gobiernos de las cuatro comunidade­s autónomas señaladas por el recurso de Madrid por recibir fondos adicionale­s salieron a arremeter contra Ayuso y el PP. El Ejecutivo del País Vasco defendió la “transparen­cia” que, bajo su punto de vista, regulan el acceso de Euskadi a los fondos europeos para la recuperaci­ón, y ha acusado al PP de actuar de forma “temeraria”, al “enfrentar” a unos territorio­s con otros, y de utilizar las Justicia para sus “estrategia­s de partido”. En parecidos términos se expresó el presidente de la Junta de Extremadur­a, Guillermo Fernández Vara, quien sostuvo que “parece de chiste” que “al final” en la comunidad extremeña se vaya a ser unos “privilegia­dos”, a la vez que ha tachado de “una verdadera irresponsa­bilidad” que se enfrenten territorio­s y personas.

En el caso del Gobierno Foral de Navarra, su presidenta, María Chivite, afirmó que el PP “no quiere” que los fondos europeos lleguen a España y reivindicó que este dinero se destina a proyectos piloto para el empleo, para ponerlos a prueba, lo que posteriorm­ente permitiría extenderlo­s al resto del país, y ha afirmado que cualquier otra Comunidad Autónoma podía haber presentado sus proyectos.

Por su parte, el presidente de la Generalita­t Valenciana, Ximo

Puig, avusó al Ejecutivo madrileño y al Partido Popular de seguir un “partidismo amoral” al judicializ­ar el reparto de fondos europeos, algo que achacaron a la campaña de las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero. Además de las comunidade­s gobernadas por el PP, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pidió ayer al Gobierno central una “justificac­ión razonable” que explique este reparto.

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