El Consejo del Poder Judicial apunta contra la ley de vivienda
Los consejeros rechazan el informe que presentó Álvaro Cuesta, ex diputado socialista
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes, por 15 votos a seis, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. La propuesta era del consejero Álvaro Cuesta, ex diputado socialista, y el Consejo deberá elaborar un nuevo texto, que debatirá el próximo 27 de enero. Este informe es preceptivo, pero no vinculante. La decisión del poder judicial retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso el próximo martes, 18 de enero.
Según ha informado el Consejo, los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.
Aunque el CGPJ ya advirtió el pasado diciembre de que no veía posible aprobar su informe antes del 27 de enero, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguraba esta semana en Dubai que el Gobierno enviaría el anteproyecto al Congreso el 18 de enero.
Desde Unidas Podemos han manifestado su “preocupación por los retrasos injustificables” en la ley de vivienda, tras conocer lo ocurrido este viernes en el pleno del órgano de los jueces. Considerada una de las “leyes estrella” de los morados, y negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el anteproyecto permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados
Efe tensionados, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.
El borrador de informe realizado por Álvaro Cuesta, de 98 páginas, considera la propuesta del Gobierno un marco legislativo adecuado para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos, con independencia de que sean las comunidades autónomas las que tengan esa competencia.
Sin embargo, los vocales que se han opuesto dudan sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. El autor de la enmienda que ha tumbado el texto de Cuesta, Enrique Lucas, ha sostenido que éste parte de una idea errónea, que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible”.
También considera erróneo plantear que “algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.
El texto aprobado por el pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.