LA BRECHA GENERACIONAL
COMO ocurre con otros problemas estructurales con los que convivimos sin reparar en su trascendencia, los jóvenes españoles están sufriendo un grave desequilibrio generacional que antes o después afectará a toda la sociedad.
Las manifestaciones del referido desequilibrio son múltiples y se van acentuando. La más evidente es la reducción desde principio de siglo de la población juvenil (de 16 a 29 años) un 23%. Una tendencia al descenso que las proyecciones demográficas intensifica para las dos próximas décadas.
Esta dinámica demográfica está relacionada con la participación de los jóvenes en el mercado laboral, en la que los principales indicadores ponen de manifiesto diferencias notables con la media europea: menores tasas de actividad y de empleo y una tasa de paro (29,2%) que más que duplica la media europea. Un panorama laboral juvenil que provocó que en la crisis financiera aumentase intensamente la pobreza juvenil, mientras que disminuía entre las personas mayores de 65 años, y que la crisis del Covid esté impactando de nuevo con intensidad en este colectivo (650.000 jóvenes se han sumado en 2021 a la exclusión social, siendo su tasa tres veces superior a la de los mayores de 65 años, según el informe de Foessa presentado esta semana). Y la situación no es más grave porque otros mecanismos la minoran: la emigración de parte de los jóvenes mejor formados y el retraso de la edad de emancipación, que supera ampliamente a la media europea y se acentúa.
Las causas de esta creciente brecha juvenil son complejas. En el informe sobre Jóvenes y mercado de trabajo en España del Consejo Económico y Social se enfatiza en la insuficiencia e inadecuación del sistema educativo, con elevadas tasas de abandono escolar y bajos niveles educativo y de competencias en el marco de la OCDE, a lo que se suman los desajustes entre formación y necesidades del tejido productivo y la difícil transición de los jóvenes desde la formación al empleo en un mercado de trabajo poco abierto.
Pero más allá de algunas causas concretas, lo que está en la base de la problemática juvenil es la ruptura del pacto generacional implícito en el Estado del bienestar, según el cual las distintas generaciones van financiando y percibiendo los servicios y transferencias públicas a lo largo del ciclo vital: recibimos protección y formación en la infancia y adolescencia; en la edad juvenil nos vamos incorporando al mercado de trabajo, cuando generamos rentas con las que se financian el gasto público y que aumentan en la edad adulta; y percibimos pensiones en la jubilación. Ese modelo de Estado del bienestar se ha ido desequilibrando conforme la pirámide de población se ha ido estrechando por la base y aumentando la población de mayor edad, lo que determina mayor gasto público en pensiones y sanidad, reducción de cotizantes y aumento del peso electoral de los mayores. Ante el decisivo peso político de los jubilados, los políticos tratan de satisfacer sus deseos asegurándoles el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones sin valorar adecuadamente el impacto que genera en otras otros colectivos, provocando un sistema deficitario y desequilibrado.
Por ello, las instituciones internacionales vienen recomendando desde hace años reformar el sistema de pensiones para corregir su desequilibrio financiero y revalorizar las pensiones teniendo en cuenta el impacto sobre las demás generaciones. Esto es lo que, en alguna medida, trataba la reforma de 2013 con el “factor de sostenibilidad”, que tenía como objetivo vincular la esperanza de vida y la natalidad con la revalorización de las pensiones. Por el contrario, el nuevo “mecanismo de equidad intergeneracional” aprobado por el Gobierno, es cualquier cosa menos lo que enuncia, pues eleva la carga fiscal sobre los activos, por lo que los grandes afectados en el presente y a medio y largo plazo son los jóvenes.
Es paradójico que un movimiento político como Podemos, que nace como respuesta al malestar juvenil por el grave impacto de la crisis financiera en los jóvenes, impulse desde el Gobierno la derogación del factor de sostenibilidad, lo que condena a los jóvenes a soportar el peso desmesurado de las pensiones en el futuro.
Con alguna consciencia del malestar juvenil, el Gobierno hace algunos gestos políticos, como la aprobación esta semana del bono joven de ayudas al alquiler, pero además de limitado, burocrático y de condicionamiento interpretable, lo que los jóvenes necesitan son unas reglas de juego equilibradas y estables en pensiones, mercado de trabajo y formación, no ayuditas parciales a agradecer al gobierno de turno.
Se ha roto el pacto intergeneracional implícito en el modelo de Estado del bienestar español en perjuicio de los jóvenes