El Gobierno aprobará la ley de Vivienda el próximo martes
El Gobierno seguirá adelante con la tramitación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, a pesar del informe crítico que aprobó ayer el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Aunque el informe supone un varapalo para una de las leyes estrella del Ejecutivo de coalición, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, confirmaó que el próximo martes, 1 de febrero, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
En declaraciones a Efe, Raquel Sánchez aseguró que en el informe del Poder Judicial “no se observan comentarios que hagan dudar de la validez y solvencia jurídica que siempre hemos defendido de este anteproyecto”.
“Analizaremos el informe, pero habrá ley de vivienda, y quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y firmeza: la llevaremos a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo martes”, afirmó la ministra, tras recalcar su seguridad de que “la ley respeta las competencias de las comunidades autónomas, salvaguarda y protege el derecho a la vivienda, y es compatible con el derecho a la propiedad”.
Sánchez equiparó la ley de vivienda con la del aborto, la de la eutanasia y la del matrimonio igualitario, y argumentó que los avances sociales en España “siempre han sido gracias a los gobiernos socialistas, mientras que la derecha siempre ha reaccionado en contra, aunque luego se ha sumado a los avances”.
En esa línea, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, recordó el “mandato caducado desde hace tres años” del CGPJ y escribió en su cuenta de Twitter que, aunque ahora este órgano “se opone a la primera ley de vivienda de la democracia, que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, ocurrirá como con el matrimonio igualitario, acabarán dándonos la razón”.
Por 15 votos a seis, y tras un debate de más de dos horas, el pleno del Poder Judicial apoyó ayer un informe que critica el anteproyecto del Gobierno y que advierte de los problemas de orden constitucional.