Pactos entre Gobernadores y deudas con el Montepío algecireño
● El Ayuntamiento denuncia el abuso en el cobro para poder entrar en Gibraltar ● Solicita que se reduzca este ingreso y se destine parte a trabajos de conveniencia y utilidad pública
Ymientras se posibilita que se ponga a prueba la picaresca nacional, como bien quedó demostrado en el anterior capítulo, el algecireño Antonio de los Santos Izquierdo, recordemos importante propietario del vecino municipio de Los Barrios, denuncia a tal Consejo ante el Jefe del Partido de Algeciras: “Por el deslinde de tierras hecho por el municipio de Los Barrios [...] se le remita la denuncia a aquella Corporación para que informe lo que le ofrezca y parezca”.
De vueltas al reparto de terrenos, los diferentes municipios del Partido algecireño se dirigen al responsable del mismo y: “Proponen para atender los gastos de apeo y deslinde, para el reparto de tierras y atenciones de sus Propios, varios arbitrios sobre el vino, el aguardiente y el vinagre, beneciar todas las majadas de Propios de leña y curtido durante tres años y la venta de casas inferiores y casi arruinadas que pertenecen a los caudales de Propios”. Tras la consulta preceptiva con las provinciales autoridades, estas deciden: “Autorizar a los Ayuntamientos del distrito la venta de las referidas casas, previo su justiprecio y conformando el expediente de subasta, hecho que sea el remate que se remitirá para su aprobación [...] Que se prevengan a los Ayuntamientos la cobranza de los créditos que tienen a su favor [...] Que hagan por reconocer por peritos los montes; y si resulta que necesitan de entresaco procedan al marcolado y venta de ramas y maderas; con cuyo producto de la venta de las casas y cobranza de débitos atienda a los gastos de apeo y deslinde de tierras en que procederán con la mayor actividad y sin pérdida de tiempo se remitirán los expedientes de deslinde [...] y si tales productos no fuesen suficientes, se facultan a los mismos Ayuntamientos para que hagan uso de los fondos del Pósito, hasta la cantidad necesaria con calidad de reintegro, encargándose a las corporaciones la economía de tales gastos con la advertencia de que de ningún modo establezcan arbitrios sobre consumos, porque además de ser opuestos al actual sistema y perjudicial a la riqueza pública, están en contradicción con la voluntad general del Pueblo”. La denuncia mancomunada, genera además de una posible solución económica a la misma, toda una declaración de principios del sistema económico liberal.
Por aquellos días de repartos y deslindes, el Ayuntamiento algecireño manifiesta sobre las providencias de tierras: “Ha mandado queden de aprovechamiento del Común las dehesas nombradas Novillero y Algarrobo que están dadas para la labor por canon anual”. La autoridades liberales gaditanas devuelven al consistorio algecireño la notificación, pues: “Se persuade habrá alguna expropiación de concepto, pues que siendo el canon que pagan las tierras la expresión del dominio directo no podrían quitarse de aquellas legalmente a los poseedores de las referidas dehesas, supuesto que hubiesen sido dadas legítimamente”.
En otro orden de asuntos, dado que el tema del supuesto “impuesto” o cobro establecido para entrar en Gibraltar, recogido en capítulos anteriores, ha llegado hasta las altas esferas del Estado, el consistorio local algecireño, manifiesta: “Contestación dada por el Ayuntamiento de Algeciras acerca del derecho que se cobra a los individuos que pasan a Gibraltar, como también de las observaciones que sobre el particular hace el Gobierno Político Subalterno; y en su consecuencia acordó que uno y otro documento se eleven al Augusto Congreso Nacional con la copia del tratado o convenio celebrado entre los Gobernadores inglés y español (en clara referencia a los gobernadores militares, pues la figura del gobernador civil sería creada una década más tarde por Fernando VII, según R. D. de 23 de Octubre de 1833), sobre el pago de aquel derecho, haciendo presente el abuso que hay en la aplicación de este ingreso y pidiendo se reduzcan temporalmente los derechos que se cobran a uno solo, destinándose dos reales para las obras de Tarifa y los restantes en la construcción de un camino de comunicación entre esta provincia de Cádiz y la de Málaga, exponiendo al intento todas las razones de utilidad y conveniencia pública en que se apoya esta solicitud”. La contestación algecireña reconoce además del abuso en el pago, las competencias para establecer acuerdos entre los gobernadores militares españoles y británicos como representantes de dos Estados independientes.
Al mismo tiempo que el asunto de Gibraltar se comenta en el Congreso, otro tema de mucha menor importancia para los liberales padres de la Patria es objeto de publicidad en la capital del reino:“Objetos perdidos. Desde hace varias semanas, se ha perdido un recibo del soldado licenciado Lorenzo Morito, destinado en la Compañía fija de Artillería de Algeciras, de 400 rv, reside su dueño en la posada de San Blas, calle de Atocha”. Mientras el preocupado artillero espera recuperar su
A la institución castrense se le dispensa un trato de favor en el tema del cobro
recibo, en nuestra ciudad prosigue la actividad económica del Partido del mismo nombre; así aconteció cuando:“José Sánchez Balverde, natural de Sn Roque y vecino de Algeciras, como administrador del Sr. Conde Luque, procede al arriendo de diez caballerizas de tierras y pastos al vecino de Los Barrios José Rodríguez Torres”.
Y mientras Rodríguez Torres recibe del citado administrador los semovientes arrendados, el jefe político del Partido de Algeciras, tras largas deliberaciones con los ayuntamientos afectados, envía a la capital de la provincia para su aprobación el siguiente expediente intitulado Informe evacuado por el Gefe Político de Algeciras sobre división de términos entre Algeciras. Sn Roque y Los Barrios. Tal documentación se fundamentaba: “En el artículo 3º del Decreto de las Cortes de 4 de Enero de 1813, por el que se previene, que en la enajenación de los terrenos, serán preferidos los vecinos de los pueblos en cuyo término existan, y los comuneros en el disfrute de los mismos baldíos, están zanjadas las dificultades ocurridas, pues no especificándose si los términos han de ser jurisdiccionales o territoriales, y no habiendo más que una clase de ellos entre los tres pueblos, no es dado a la autoridad provincial decidir otra cosa que la prescrita en el mencionado artículo, estos es, que por los términos jurisdiccionales se habían de guiar los Ayuntamientos para la formación de los expedientes; y en consecuencia de todo. Acordándose se manifieste así al Gefe Político de Algeciras, para que lo haga cumplir a los respectivos Ayuntamientos”.
Y así, mientras aparentemente el asunto de la división de los términos queda aclarado, surge para el sufrido jefe político algecireño otro escollo. Un escrito remitido por él, meses atrás, en referencia al siempre peliagudo asunto de los derechos que se cobran por los pasaportes de los individuos que pasan a la plaza de Gibraltar, obtiene del alto órgano liberal provincial la siguiente respuesta: “Que en interín resuelven las Cortes, a lo que se le va a representar, según lo dispuesto al número siete de esta sesión, expida los pasaportes y cobre los derechos establecidos, distribuyéndolos según sus destinos actuales a excepción de los pertenecientes a la Comandancia General de aquel Campo que conservará en depósito”. Es decir, se vuelve a marcar las diferencias en el proceder del cobro con la institución castrense, cuyas amplias competencias seguían manteniéndose en el nuevo orden liberal.
Y mientras el jefe del Partido de Algeciras actúa en consecuencia, según las órdenes recibidas de la liberal superioridad, un nuevo “encuentro competencial” se producirá entre los ayuntamientos del distrito y los altos mandos liberales: “Enterados las autoridades de la provincia de la exposición de los ayuntamientos de la zona sobre los caminos, y sobre la que del mismo punto hace el Gefe Político de aquel Partido, se ordena se evacue informe que de ello pide el Gefe Superior Político, manifestándole que en la esencia aquellas autoridades municipales se hallan animadas de un celo laudable por el bien público; más difieren no obstante en los medios de conseguirlo, pues juzgamos que siendo constitucional en los Ayuntamientos la facultad de cuidados en la construcción de caminos, a Nos pertenecen la dirección de las obras propuestas que su utilidad es tan de bulto que por sí sola se recomienda, más para concurrir a los gastos calculados [...] Nos adherimos al juicio de los Ayuntamientos en cuanto proponen el 10% sobre los propios, las corridas de novillos y la venta de tierras de Propios”.
Prosiguiendo el texto consultado que dirime el reparto de responsabilidades sobre la construcción de caminos entre los pueblos de la comarca: “Se juzga más conveniente suplir los 186.000 rv, producto del derecho pretendido sobre el vino y el aguardiente , con la cantidad designada por el Gefe Político, cual es la que aún subsista de los 150.000 quintales de leña concedidos sobre los montes de Propios para fortificaciones; y además un impuesto de portazgo o con un derecho sobre los carbones; añadiéndose lo demás que en la discusión se ha tenido presente, devolviéndose las dos exposiciones al Gefe Superior Político, para que se sirva dar a este asunto el curso correspondiente”.
Al mismo tiempo que el ayuntamiento algecireño reciben las instrucciones del jefe político subalterno, procede, como los del resto del Partido, a cumplir con sus deberes impositivos al hacer constar: “El Ayuntamiento de Algeciras manifiesta estar al corriente en cuanto al primer tercio de contribución; y que está trabajando para realizar el segundo”. El mismo consistorio ha de hacer frente a las necesidades individuales de sus vecinos intermediando entre estos y las instancias superiores: “El Ayuntamiento de Algeciras remite a la Comisión de Pósitos, representación de Dn José María Castro, vecino de Algeciras que solicita una moratoria para el pago de las fanegas de trigo que adeuda al montepío de la ciudad”. Con tal nombre y apellido se constituyó en nuestra ciudad una capellanía que incluía: “Casa de altos y bajos en la plazuela de la Cruz de la Marina haciendo esquina inmediata a la Pescadería y valorada en la cantidad de 12.000 rv”.
Y mientras el vecino de Algeciras José Castro espera la resolución a su petición de moratoria, el consistorio algecireño procede a proponer: “La cantidad de 30 rv diarios para sueldo de su Secretario, la citada propuesta pasa a la Comisión de Propios, junto al reglamento y expediente de este ramo”. Al mismo tiempo que se respalda desde el municipio local el aumento del sueldo para el Secretario, otro informe reconoce: “Carecer de fondos de Propios para cubrir sus indispensables atenciones”. Bien se puede entender que en el nuevo orden liberal, se siguen manteniendo las viejas incoherencias económicas heredadas.
A pesar de la carestía de fondos municipales, se propone la subida de sueldo al Secretario