Los consorcios de formación operaron “sin control” hasta 2013
● La Guardia Civil considera que el reintegro de las ayudas se produjo al asumirlos Educación
Un agente de la Guardia Civil que intervino en la investigación de las irregularidades en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), que dejó sin justificar 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas, aseguró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla que estos centros operaron “sin control” hasta el año 2013, cuando se produjo el traspaso de las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación y es cuando se comenzó a analizar “en profundidad” la documentación aportada por estas entidades y se iniciaron hasta “50 expedientes de reintegro” de dichas subvenciones.
En su declaración ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia, uno de los agentes destacó que “todos” los ingresos de los consorcios –en Andalucía había 14– procedían de las subvenciones públicas y añadió que la dinámica para su concreción consistía en que desde el consorcio se pedía la subvención por un importe concreto y así se concedía por parte de la Dirección General de Formación para el Empleo, hasta tal punto que precisó que, si en algún caso la ayuda que se solicitaba desde el consorcio era “mayor de la que podían dar, se les llamaba y se les decía que pidieran un poco menos”.
El testigo detalló que, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que manejaron en su trabajo, no existía una “valoración técnica” y los cursos se podían haber dado “con un presupuesto menor”.
En cualquier caso, el investigador insistió en que no fue hasta que se produjo ese traslado de las competencias a la Consejería de Educación cuando se solicitaron por parte de la Junta los expedientes de reintegro, a raíz de que se empieza a analizar en profundidad la documentación y se dan cuenta de que hay subvenciones que “no están correctamente justificadas”, por lo que se detectan unas “bolsas de fraude”.
El agente indicó que entre 2008 y 2012 se llegó a la conclusión de que no existía “ningún control”, algo que determinó la propia Dirección General de Formación, que fue la que, por ejemplo, determinó que “no era elegible” el gasto de 6.555,15 euros que se realizó en la compra de “regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, en la que había sido elegida para encarnar a la “reina” Melchor la entonces gerente de Formades y principal acusada Ana María Orihuela.
El testigo subrayó que hasta el año 2013 no había expedientes de reintegro de las subvenciones en la Dirección general de Formación para el Empleo y es a partir de ese momento, coincidiendo con el traslado de las competencias a la Consejería de Educación, cuando se empiezan a abrir los expedientes y se llega en un momento dado hasta contar con “50 expedientes de reintegro”, ha dicho el agente, que en cualquier caso ha afirmado que la Guardia Civil no ha puesto en duda que se haya dado la formación porque “había alumnos”. El juicio se reanudará el próximo jueves con la declaración de los ex directores general de Formación para el Empleo.
Empleo había concedido las subvenciones de las 14 entidades públicas desde 2008 a 2012