La Justicia europea avala el bloqueo de fondos a Polonia y Hungría
● Las sentencias del TJUE condicionan estos pagos al respeto al Estado de Derecho
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que avalan la condicionalidad de los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho abren el camino para suspender pagos a Polonia y Hungría, pero la Comisión Europea estudiará el veredicto antes de actuar.
Varsovia y Budapest han perdido su batalla contra este mecanismo en la Justicia europea, que ayer rechazó sus recursos al concluir que la normativa tiene una base jurídica sólida y respeta las competencias de los estados miembros y el principio de seguridad jurídica. Se impuso así la postura del Consejo de la UE (la institución que representa a los Estados) y la Eurocámara, que fueron apoyados en el procedimiento por Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y la Comisión Europea.
El fallo despeja el camino para que esta última institución pueda activar el procedimiento para congelar el desembolso de fondos de cohesión, agrícolas e incluso del fondo de recuperación a los dos países, que tienen frentes abiertos por diversas vulneraciones del Estado de derecho, entre ellas ataques a la independencia judicial.
Esto supone poner en peligro la llegada de miles de millones a Polonia y Hungría, que son dos grandes beneficiarios, por ejemplo, de la Política de Cohesión: el primero tiene previsto recibir 75.000 millones hasta 2027 y la cifra asciende a 22.500 millones en el caso húngaro.
Además, el Ejecutivo comunitario sigue sin aprobar los planes nacionales de recuperación presentados por los gobiernos de Mateusz Morawieki y Viktor Orban, que contienen ayudas por valor de 23.900 millones y 7.200 millones respectivamente.
Sin embargo, en una rápida reacción después de conocer la sentencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó que la institución se tomará tiempo para estudiar “detenidamente” el fallo antes de tomar cualquier decisión.
“Prometo que no se perderá ningún caso”, defendió la alemana, quien en principio iba a compartir su primer análisis de las sentencias en un debate en el pleno del Parlamento Europeo ayer, pero finalmente no acudirá y será sustituida por el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.
El reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021 y Bruselas tenía derecho a iniciar el procedimiento de suspensión de fondos desde entonces, pero siempre prefirió esperar a conocer el veredicto de los jueces del TJUE.
Con las sentencias ya en sus manos, el Ejecutivo comunitario elaborará también unas directrices cuya finalidad será “dar claridad” a la forma de “poner en marcha” el procedimiento, según defendió en una rueda de prensa la portavoz Dana Spinant.
Bruselas evitó en todo momento detallar cuánto tiempo tardará en elaborar esta serie de orientaciones sobre el procedimiento a seguir cuando se inicie un caso y se limitó a señalar que requiere un análisis minucioso de la sentencia que podría llevar “semanas”.
La Comisión Europea estudiará el veredicto “detenidamente” antes de tomar una decisión