El Gobierno revisará al alza los contratos públicos hasta un 20% por las materias primas
● El incremento para el contratista se otorgará cuando los materiales hayan tenido impacto relevante en la obra en 2021
El Gobierno ya ha redactado el borrador de un real decreto ley para amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, si bien limitará al 20% del presupuesto cualquier posible compensación.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, este límite no se tendrá en cuenta en los contratos en los que se pacte cualquier otra cifra, en todo caso normalmente limitada al 50% que marca la ley.
Para acogerse a esta compensación, la empresa contratista que actualmente esté ejecutando una obra pública tendrá un plazo de dos meses pasa solicitarla, ante el órgano de contratación competente en todas las comunidades autónomas que apliquen el decreto.
El alza del presupuesto se reconocerá cuando el incremento del coste de los materiales empleados para la obra adjudicada haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato durante el ejercicio 2021.
En concreto, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda de un porcentaje todavía por determinar, siempre teniendo en cuenta el ejercicio 2021.
El contratista que perciba la cuantía resultante de esta revisión excepcional deberá repercutir al subcontratista la parte que corresponda a la porción de la obra subcontratada, ya que estos últimos no tendrán acción directa frente a la Administración.
Fuentes consultadas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confirman estar trabajando en un decreto para aprobar la revisión de precios, aunque no sitúan su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar este próximo viernes.
Se trata de una medida que llevaba un tiempo anunciado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, si bien se iba demorando por la necesidad de que fuese consensuada también por otros dos ministerios, los de Hacienda y de Asuntos Económicos.