Anticorrupción cerca al hermano de Ayuso por las mascarillas
● La Fiscalía trata de dilucidar si hay delito en la compra de los protectores al inicio de la pandemia
La Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros.
Anticorrupción adoptó esta decisión en un decreto “a la vista de que los hechos denunciados” por los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid –Más Madrid, PSOE y Podemos– “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia”.
En lo que se refiere a la presidenta de Madrid, “los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios”, indica el decreto que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
“Estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, precisa.
El pasado viernes, al estallar la crisis entre Casado y Ayuso por ese contrato, los tres partidos de la Asamblea citados presentaron denuncias en Anticorrupción para que se investigue esa adjudicación “a dedo” por 1,5 millones a la empresa Priviet Sportive, que a su vez habría abonado a Tomás Díaz Ayuso 55.000 euros por conseguir mascarillas en China.
Según el decreto, las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalíala la incoación de diligencias de investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos, y
Resalta la “falta de concreción” de las denuncias, pero insiste en aclarar los hechos
“si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Pese a esa “falta de concreción”, Anticorrupción considera “procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”.