El juez indaga la vinculación de cinco jefes etarras en el crimen de Gregorio Ordóñez

Ordena el análisis de las actas de la dirección terrorista incautadas para conocer si tomaron la decisión de matar al ex edil del PP

El juez Alejandro Abascal ordenó nuevas diligencias para determinar si fueron los cinco miembros del comité ejecutivo de ETA –Ignacio de Gracia Arregi, Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; Julián Achurra Egurola, Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza– quienes tomaron la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez. En un auto, notificado ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional pide a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con actas de reunión del ZUBA o Comité ejecutivo de ETA en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores al asesinato de Ordóñez, el 23 de enero de 1995.

Con ello, el juez trata de determinar la participación de ese comité ejecutivo en el asesinato del ex concejal tras la toma de declaración esta semana al ex dirigente etarra Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, al que acordó retirar el pasaporte para evitar su huida, y en diciembre a Mikel Antza, al que también ha prohibido salir de España.

Una vez practicadas las declaraciones de ambos ex jefes de ETA, el magistrado ordena ahora la práctica de nuevas diligencias en orden a determinar la participación del comité ejecutivo en el asesinato de Ordóñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los miembros de la organización terrorista ETA en comisión por omisión.

Para ello necesita corroborar la asistencia a esas reuniones de los dirigentes de ETA que integraban ese comité Ejecutivo, así como los temas y asuntos tratados en esos encuentros (con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del PP en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994).

Reclama así que se aporte la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Antza en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato del edil donostiarra.

Requiere la unión a este procedimiento de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.