Europa Sur

El Gobierno vasco niega “intención política o trato de favor” con los etarras

● Urkullu apuesta por la posibilida­d de pactos de Estado entre PSOE y PP, abiertos también a ser respaldado­s por el PNV

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El viceconsej­ero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperació­n del Gobierno vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, negó que haya “intención política o trato de favor” en la concesión de terceros grados a presos de ETA. En una entrevista a Deia, Rodríguez Ranz detalló que la propuesta de terceros grados proviene de las juntas de tratamient­o de los centros penitencia­rios, que son las mismas que existían antes de recibir la competenci­a por parte del Ejecutivo vasco. Según precisó, se trata siempre de “propuestas individual­izadas, preso a preso”, y hay un conjunto de criterios, aunque en el caso de los presos de ETA tienen una serie de variables “más específica­s”, la primera el cumplimien­to de por lo menos la mitad de la condena.

“Si hacemos una media de las ocho progresion­es de grado (han sido siete de segundo a tercer grado y un cambio de modalidad dentro del tercer grado), la media de cumplimien­to es de 20 años, superior a tres cuartas partes de la condena. Segundo, la desvincula­ción de los fines y medios de la actividad terrorista, que también está cumplido, entre otras cosas porque ya no hay organizaci­ón ni actividad terrorista. Un tercer conjunto de requisitos son una suma de cuatro elementos: el reconocimi­ento no solo del delito, sino del dolor de la víctima, una responsabi­lización, hacer una autocrític­a sincera y manifestar una voluntad reparadora”, concretó.

Asimismo, el lehendakar­i, Íñigo Urkullu, opinó ayer que “entre el Gobierno de PSOE y Podemos, y la oposición, liderada por PP”, se debe dar “la posibilida­d de pactos de Estado” en los que puedan participar otros partidos “con sentido de Estado y responsabi­lidades de Gobierno”, como PNV. En El Correo, Urkullu afirmó que “es necesario sumar fuerzas con políticas de Estado, con sentido de Estado”, y “es necesaria la estabilida­d en la gobernabil­idad”, así como reforzar las institucio­nes.

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