La Fiscalía ve indicios de prevaricación y malversación en pagos de Casero

La Fiscalía del Tribunal Supremo ve indicios no sólo de un delito de prevaricación sino también de malversación de caudales públicos en la actuación del diputado del PP Alberto Casero cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres), respecto de cinco contratos del Ayuntamiento que suman alrededor de 100.000 euros. El Ministerio Público remitió un escrito al Supremo en el que pide que abra causa contra Casero por los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos tras la exposición razonada que elevó al Alto Tribunal el Juzgado 2 de Trujillo.

Esta investigación se elevó al Supremo por su condición de aforado, al ser diputado, y al considerar “que podría existir indiciaria responsabilidad penal”.

Será el TS el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano (2011-2019), adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la ley de contratos públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio.

El auto hace referencia a que el 3 de marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo para atender a mujeres víctimas de violencia de género, y cobró cuatro facturas de 6.120 euros. Seguidamente suscribió otro contrato menor con ese psicólogo, con duración de un año y por 18.000 euros. Si bien, “el investigado no aportó al Ayuntamiento el contrato ni se instruyó expediente de contratación”, ni “consta que se realizaran efectivamente los servicios” a mujeres víctimas.

Otro de los contratos es el convenio que firmó con la Cámara de Comercio de Perú, que supuso 25.000 euros a las arcas municipales. No fue aprobado en pleno ni por resolución de alcaldía, y el ex alcalde no informó a Intervención, tal y como recoge el auto judicial.