Una “conquista social” de la Ley de Dependencia
● Adrián Vaca, Juan Carlos Ruiz Boix, David de la Encina y Antonio Bernal analizan los retos del sistema con las cuidadoras
La jornada técnica SAD en la provincia de Cádiz. La mujer trabajadora como dinamizadora del medio
rural llevada a cabo en Castellar contó, además de con un panel de expertas en la ayuda a domicilio, con la intervención de los alcaldes de Castellar y San Roque, Adrián Vaca y Juan Carlos Ruiz Boix, el gerente de Clece Cádiz, Antonio Bernal y el diputado de Bienestar Social de la Diputación, David de la Encina.
Los cuatro revindicaron el papel de estas mujeres como responsables de una labor primordial que consideran una “conquista social” que sigue “en cuestión”. Además, asumieron los retos del futuro para mejorar el servicio y su profesión y ensalzaron la legislación puesta en marcha hace más de 15 años que posibilitó la incorporación al mercado de trabajo de muchas de ellas.
El alcalde de Castellar afirmó que estas mujeres han prestado su servicio “de una forma ejemplarizante en medio de una crisis sanitaria sin precedentes”. “La atención a los colectivos vulnerable es un reto ineludible de las administraciones públicas y no debe existir ninguna excusa para que cada uno asuma las competencias que le corresponden”, dijo.
El diputado de Bienestar Social de Cádiz expresó algunas reivindicaciones realizadas a la Junta de Andalucía y algunos avances logrados desde la Diputación para
“mejorar el reconocimiento social de una profesión dura, desconocida y poco valorada” y “poner un camino de desarrollo a corto plazo”. “Nosotros invertimos todos los años 16 millones de euros en ayuda a domicilio y nos parece corto, sobre todo lo que os llega a vosotras. No podemos seguir admitiendo que en Andalucía todos los años mueran tres mil personas en listas de esperas. Grados tres que nunca llegan a tener ese reconocimiento porque se tarda treinta y seis meses en obtener una dependencia”, manifestó.
También habló del convenio colectivo, donde aún no está definido el módulo salarial “en términos de dignidad”. “Sabemos lo que cobramos de la Junta, durante años 13,80. El actual presidente, cuando no soñaba con serlo, declaró que la ayuda a domicilio se tenía que pagar a 18 euros la hora, cuando ha sido presidente lo ha puesto a 14,60. La Diputación no puede subirle el sueldo a nadie mientras sigamos recibiendo esas cantidades cicateras. Hemos llegado al Tribunal Superior de Justicia para exigir que el precio por hora se tiene que pagar a 18 euros”, relató.
También reivindicó un estatuto de la ayuda a domicilio que reconozca “el papel clave sociosanitario” de estas mujeres. Ahora, la Diputación elabora una nueva licitación, porque el actual pliego está en prórroga, en el que va a incluir mejoras.
Antonio Bernal, gerente de Clece Cádiz, pidió un aplauso para las trabajadoras de ayuda a domicilio y ensalzó que sientan que es una jornada importante para ellas. “Es una figura fundamental para nosotros porque lo es para la administración y para la sociedad. Hacéis un servicio clave, durante la pandemia habéis estado al pie del cañón, manteniendo el servicio para estar al lado de los que os necesitan”, recordó.
“Hay que dignificar este sector y hay que empezar a tener en cuenta la formación, pero también el salario. Es el momento de hacer avances en este sentido”, apostilló.
Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y vicepresidente de la Diputación, reivindicó una fecha: el 14 de diciembre. Se refería al de 2006, cuando se aprobó la Ley de Dependencia “pensada” por el ex ministro socialista de Asuntos Sociales Jesús Caldera. “Son gobiernos valientes los que decidieron soñar con lo que hoy es una realidad que tiene centenares de miles de beneficiarios que son atendidos y al mismo tiempo genera tantas oportunidades laborales en un sector siempre precario como el empleo femenino. Primero hay que luchar por conquistar ese derecho y luego ponernos exigentes y trabajar para mejorarlo. Pero puede evolucionar a favor o hacerlo en contra, porque hay periodos en los que se restringe la financiación, el número de altas y se merma el servicio”, concluyó.
La Diputación reclama un estatuto y elabora otro pliego para adjudicar el servicio