La Junta acomete con incertidumbre la regulación del turismo
● La Consejería está elaborando un decreto que equilibre la actividad económica y la social ● La tramitación podría extenderse más allá del fin de la legislatura en Andalucía
Juan Marín lleva semanas hablando de una regulación del turismo en Andalucía, anunciando que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha decidido a ordenar el sector del alojamiento turístico y avanzando que el Gobierno andaluz, en el que figura como vicepresidente, prepara un decreto que aporte soluciones al actual maremágnum. El objetivo es permitir la vida normal de los residentes y la actividad industrial. La Junta de Andalucía admite la laxitud de la normativa vigente y Marín, responsable en la materia, está anunciando una reforma legal a falta de escasos meses para el fin de la legislatura. Sin embargo, los plazos del procedimiento administrativo hacen improbable su aprobación antes del fin del mandato. Si se tramita de modo ordinario, avisan en la Consejería de Turismo, el nuevo decreto difícilmente estará listo en un periodo inferior a nueve meses. Para entonces tal vez habría un nuevo Gobierno andaluz sin Ciudadanos (Cs), según han señalado los sondeos.
El Gobierno de la Junta del PP y Cs expira la gestión a finales del presente ejercicio. Así es en teoría. En la práctica, si se cumplen las palabras del presidente, Juanma Moreno, las elecciones podrían celebrarse entre junio y octubre. Las consejerías se encuentran por tanto en un frenesí regulatorio mientras el Parlamento espera. La Consejería de Turismo también está en ello. Como toda actividad industrial, el turismo reporta beneficios y ocasiona desperfectos, beneficiados y perjudicados. La regulación del sector pretende el mantenimiento de la actividad, que no agote precozmente los recursos existentes, que el turista consuma y que los vecinos “puedan vivir tranquilamente y sufran los menores inconvenientes posibles por la actividad turística”, dijo Marín en Sevilla el pasado 22 de febrero. Así lo sugieren también los investigadores del fenómeno turístico.
La solución, ha insistido el consejero, es el diálogo y es la regulación. El gabinete de Marín está hablando con los implicados. Será un reglamento que modifique la norma de 2016 y será de “carácter general”. Un marco. La ordenación de los detalles, consideran los técnicos de la consejería, corresponde y corresponderá a los ayuntamientos “mediante la modificación de los planes generales de ordenación urbana”. La tramitación será por “vía ordinaria”, por lo que no se espera que entre en vigor antes de nueve meses “salvo que se tramite por la vía del decreto ley”, una duda que viene a indicar lo embrionario de la regulación andaluza que prepara la Junta.
La Consejería de Turismo cree que aún hay tiempo para que las ciudades andaluzas no acaben convertidas en lo que son Venecia, Barcelona, Atenas o Praga. La realidad, sin embargo, es que los centros históricos de las grandes ciudades andaluzas, pese a la pandemia, acusan ya un vaciamiento de la población, de sus residentes. Los investigadores en la materia cifran en 13% la aportación del sector a la economía andaluza, aunque advierten de que la pérdida de vecinos en la última década coincide con la concentración de viviendas para fines turísticos. Entre los causantes, como explican estudios de la Universidad de Sevilla o de la Universidad de Córdoba, mencionan la subida de los alquileres
o la pérdida de la identidad local. La Administración andaluza busca por tanto un equilibrio de los intereses, una solución que haga viables la vida local y la economía global.
El decreto sobre apartamentos turísticos y viviendas con fines turísticos es un reglamento que modifica lo establecido en 2016. A día de hoy, la norma está en fase de tramitación, en estado de proyecto de decreto, ya que la regulación actual, indica el expediente en fase de consulta pública. “Es la más laxa de esta tipología” de alojamiento. El nuevo reglamento, el decreto pendiente de aprobación, resolverá una creciente demanda social de las asociaciones vecinales y de los consumidores, señala el proyecto normativo, que piden un mercado más ordenado.
El fenómeno no es exclusivo de Andalucía. El Gobierno central y los ejecutivos autonómicos han regulado el turismo y sus efectos obligan al Gobierno andaluz a retomar una iniciativa. Por eso, razonan, es necesario acometer el desarrollo reglamentario de las dos figuras de alojamientos, en su concepto y en los requisitos exigibles para el ejercicio económico. La actual norma ha permitido la proliferación de casi 78.000 viviendas inscritas en todos los tipos de establecimientos de alojamiento turístico y un incesante crecimiento. La Junta de Andalucía ha acometido el cambio. El resultado final, en cambio, no estará vigente antes de “nueve meses o un año”. Hay incertidumbre. La regulación está en un limbo.
Los técnicos no creen que el decreto pueda estar vigente en un plazo inferior a “nueve meses”
Juan Marín insiste en el diálogo entre las partes para modificar la “laxa” norma actual