Vox vira al autonomismo en Castilla
A diferencia de lo ocurrido en la Junta en 2019, los de Abascal reclaman en Valladolid que mejore la financiación autonómica de una región que consideran discriminada históricamente
8 de enero de 2019, la investidura de Juanma Moreno como primer presidente de la Junta del PP está cerca, y Vox aprieta las tuercas a su futura alianza parlamentaria. Lo resume en 19 puntos, entre los cuales requiere del PP una declaración institucional para comenzar la devolución al Estado de las competencias de sanidad, educación y justicia. Marzo de 2022, Vox también aprieta a Alfonso Fernández Mañueco, pero se han producido muchos cambios en estos cuatro años. La postura sobre las autonomías de Vox no ha cambiado de modo radical, pero está en camino: en vez de reclamar el vacío competencial de la Junta de Castilla y León, como hizo en el sur, exige al Gobierno central que “mejore la financiación
Vox exigió en Andalucía en 2019 que se devolviera Sanidad y que se anulase el 28-F
autonómica” de esa región, a la que consideran discriminada de forma histórica.
Vox ha seguido una estrategia similar de negociación en Andalucía y Castilla y León, extremó sus exigencias días antes de la investidura de Moreno, con la formulación de algunas propuestas populistas y estrambóticas para moderarlas pocas horas después. En Castilla y León, ha ocurrido lo mismo, aunque horas antes de la apertura de las Cortes autonómicas y de anunciar el Gobierno de coalición en el que Vox contará con un vicepresidente y tres consejerías. Pero tanto el documento A y como el documento B, el duro y el blando, por citarlos de algún modo, son muy diferentes de los que en 2019 llevaron a Sevilla y en 2022 han venido manejando en Valladolid.
La participación de Vox en las instituciones parece respaldar la vieja teoría política de que la responsabilidad institucional calma a los extremos. Esto es un hecho que, en el caso del partido de Abascal, aún no está confirmado, pero apunta a ello, con independencia del lenguaje radical que sigan empleando cada uno de sus dirigentes.
Vox se conformó en Andalucía con apoyar al Gobierno desde fuera, mientras en Castilla se integra en la institución. Aunque Juanma
Moreno obtuvo un resultado peor que el de Fernández Mañueco, la existencia de un grupo fuerte de Ciudadanos procuró esa exclusión de Vox del Ejecutivo andaluz.
Las primeras exigencias que Vox hizo a Fernández Mañueco este mes de marzo difieren sobre la de Andalucía en su concepción de la España de las autonomías. Vox se define como partido centralista, contrario a las comunidades y al Título VIII de la Constitución, pero en Castilla y León ha asumido que esta región deben mejorar su financiación autonómica y que se acabe una “discriminación” que es histórica. Casi un partido regionalista, con sus deudas históricas incluidas, pero trata de compensarlo con la potenciación del “municipio y la provincia”. Aunque estos términos pueden recordar al pasado preconstitucional, tanto PSOE como PP llevan en todos sus programas el traspaso de competencias de las autonomías a los ayuntamientos. Ambos se declaran municipalistas.
Aquel primer documento de Vox en Andalucía proponía eliminar la festividad del 28 de Febrero, día del referéndum de autonomía, por el 2 de Enero, para conmemorar la toma de Granada y el final de la Reconquista. Requería que el gasto de Canal Sur se redujese en un 50%, sin recortar los sueldos; eliminar el 75% de las subvenciones a patronales, sindicatos y organizaciones políticas; cerrar “la administración paralela” de la Junta, y derogar las leyes de Memoria Histórica, de Violencia de Género y de Promoción de la Igualdad del colectivo Lgtbi.
El documento final del acuerdo entre el PP andaluz y Vox limó las propuestas, pero aún así se mantuvo el acuerdo para aprobar una llamada Ley de Concordia, que sustituyese a la de Memoria Democrática. Fueron 37 puntos, en los que sí había una gran coincidencia en la reducción de impuestos y la lucha contra la corrupción, aunque el cierre de las empresas públicas de la Junta se sustituyó por la realización de auditorías en cada una de éstas. Incluso, así, el líder de Ciudadanos, entonces Albert Rivera, tildó de “papel mojado” el acuerdo al que llegó el PP con Vox.
El documento inicial de Castilla y León también fue aliviado por parte de Vox, pero aún así era mucho menos extremo del que llevó a Andalucía. El final, el que ha logrado el acuerdo con Fernández Mañueco, no recoge ni la derogación de la ley de Memoria Histórica. Y allí donde solicitaba, como en Andalucía, que la Junta colaborase con la Policía Nacional para identificar a los inmigrantes ilegales, se ha pasado a "fomentar la inmigración controlada".
La derogación de la Ley de Memoria en Andalucía no ha sido posible, porque el Gobierno de Juanma Moreno no lo tramitó como proyecto de ley, sino que dejó a Vox que presentase su proposición en la Cámara, donde no contó con el apoyo suficiente para aprobarla. Las derogaciones de la leyes de igualdad y de violencia machista ni siquiera pasaron a ser un compromiso de legislatura.
Sin embargo, y a pesar de la moderación de Vox en sus reclamaciones, la diferencia sustancial es que en Castilla y León ocupará carteras de gestión y de iniciativa legislativa, mientras que en Andalucía condicionaron, pero desde el Parlamento, los tres primeros presupuestos de esta legislatura, donde alcanzaron logros en lo que, de partida coincidían con el PP y Ciudadanos: las rebajas fiscales.