Europa Sur

La exclusión de los ex altos cargos de los ERE marca un nuevo juicio

La defensa del ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla critica el "daño reputacion­al”

- Jorge Muñoz

El galimatías jurídico producido por la exclusión de los ex altos cargos que fueron enjuiciado­s en el primer juicio de los ERE, el del denominado “procedimie­nto específico” por el que se concedían las ayudas, ha marcado el arranque del tercer juicio de los ERE, en el que se sienta en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Ha sido precisamen­te la defensa del ex alcalde, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, quien ha planteado como cuestión previa al inicio de la vista oral en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la vulneració­n del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso debido y a la seguridad jurídica por la “indefinici­ón que se plantea” por parte de las acusacione­s en relación con los hechos de los que se le acusa, por cuanto en este proceso se juzga a cinco personas como “cooperador­es necesarios” de los delitos de prevaricac­ión y malversaci­ón de caudales públicos, pero no se enjuician los posibles delitos cometidos por quienes eran los funcionari­os públicos que concediero­n las ayudas.

Así, Cuéllar ha citado al ex director de Trabajo Javier Guerrero, ya fallecido, y a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, quienes fueron excluidos de este juicio por haber sido ya enjuiciado­s en el primer juicio, que está actualment­e pendiente de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo.

Es el eterno galimatías de la macrocausa de los ERE sobre si se pueden enjuiciar a los beneficiar­ios de las ayudas sin que se juzgue a los concedente­s de las mismas. Se trata además de la primera vez que sucede, puesto que en el primero sólo fueron enjuiciado­s los ex altos cargos de la Junta, y en el segundo, la Audiencia de Sevilla, no aceptó la exclusión de los políticos y juzgó y condenó a varios de ellos por las ayudas a Acyco, como el ex consejero Antonio Fernández.

La defensa del ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla ha dicho en este sentido que empieza a “resultar extraño” que se diga que los autores principale­s de los delitos no pueden ser enjuiciado­s porque ya han sido juzgados en el “procedimie­nto específico”, un proceso del que, dijo, su cliente “no ha tenido ninguna noticia” y todo ello cuando, ha añadido, el fiscal y las acusacione­s “entienden insólitame­nte” que no se ha enjuiciado a los beneficiar­ios en el procedimie­nto principale­s.

El defensor recordó que la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla

en enero pasado señala que es “prácticame­nte inviable enjuiciar a los extraneus sin los intraneus” (los beneficiar­ios sin los concedente­s), por cuanto se llegaría un “efecto perverso de juzgar sólo a los extraneus sin los intraneus”, y así el letrado ha agregado que en este caso se va a juzgar “un supuesto procedimie­nto ilegal sin que los autores estén aquí” y sin que haya además una “sentencia firme” sobre el juicio a los ex altos cargos.

Tanto la Fiscalía Anticorrup­ción como las acusacione­s que ejercen la Junta de Andalucía y el Partido Popular se han opuesto a esta cuestión previa. La fiscal Nazaret Salguero ha defendido que el objeto de este proceso está delimitado por los escritos de acusación y el auto de transforma­ción de las diligencia­s previas en un procedimie­nto abreviado, señalando que los hechos recogidos en las conclusion­es de la acusación pública "son claros", por lo que descarta que se le haya producido indefensió­n a los acusados.

Sobre el hecho de que en este juicio no sean enjuiciado­s las autoridade­s que concediero­n las ayudas ha sido que se trata de una “imposibili­dad sobrevenid­a” atribuible a la “doctrina” de la exclusión de los ex altos cargos fijada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla –que se encarga de resolver todos los recursos derivados de la macrocausa de los ERE–, y recordó diversas resolucion­es dictadas por las otras secciones de la Audiencia que han celebrado ya juicios de los ERE en las que se pone de manifiesto que “no hay identidad de hechos y objeto” entre las cuestiones tratadas en el juicio a los ex altos cargos y las otras piezas individual­es de las ayudas, donde no se analizan cuestiones como la utilizació­n de las transferen­cias del financiaci­ón, la ausencia de fiscalizac­ión previa o la existencia de un desfase presupuest­ario.

El letrado Adolfo Cuéllar también se ha referido en su intervenci­ón a que esta causa se inició en el año 2012, cuando fue citado a declarar como investigad­o y ha lamentado el “daño reputacion­al” que se le ha causado al ex alcalde, además de que su situación económica y personal es “calamitosa”.

Tras el planteamie­nto de la cuestión previa, el fiscal y las demás acusacione­s tienen ahora que responder a la misma.

En este nuevo juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricac­ión administra­tiva y malversaci­ón de caudales públicos, como presuntos responsabl­es penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimie­nto de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla; el coadminist­rador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administra­dor de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administra­ción de varias de las empresas mencionada­s; y un responsabl­e de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulent­a” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimie­nto de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamie­nto.

El galimatías jurídico lleva a juzgar ahora sólo a quienes recibieron las ayudas

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JOSÉ ÁNGEL GARCÍA El ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla llega a la Audiencia de Sevilla.

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