Bajar impuestos contra la inflación
EL Gobierno tiene previsto aprobar, vía decreto ley, el próximo 29 de marzo un denominado plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Es la réplica anunciada por Pedro Sánchez ante la continua escalada de precios que sufren los carburantes y las tarifas eléctricas, agravada por la invasión rusa de Ucrania, la principal amenaza que puede situar en dos dígitos la inf lación en España en el corto plazo, un riesgo frontal para una economía en recuperación tras el final de las oleadas más restrictivas. Los líderes autonómicos y el Ejecutivo concluyeron, tras la reciente Conferencia de Presidentes, que es necesario intensificar las rebajas fiscales para contrarrestar este escenario. El propio Sánchez también urgía en el Congreso a establecer con los partidos y los principales agentes sociales un “plan nacional de rentas” que algunos expertos comparan a los denominados Pactos de la Moncloa de la Transición. La subida desmesurada del IPC repercute directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. Es lícito el temor a que este escenario conduzca a una espiral de aumento de precios y salarios que dispare costes laborales y arruine la competitividad de las empresas. O derive en continuos conflictos laborales. Los paros de los transportistas o la amenaza de amarre de la flota pesquera sirven de ejemplos. La reacción no puede demorarse. España pretende que la próxima cumbre de jefes de Estado y presidentes de la UE desligue los precios de la luz de los del gas natural, que penaliza el consumo energético del país, pero puede adoptar otras medidas sin esperar a consensos europeos. De cada litro de gasolina o gasóleo que sale de un surtidor, el 50% y el 45% del coste va para el Estado y el 56% de esos ingresos acaban en las comunidades autónomas. No sólo se “forra” el Gobierno, como denuncia el PP. Hacienda admite que la única receta es la rebaja impositiva. El IVA o los impuestos especiales que gravan los hidrocarburos son las opciones. Son tiempos difíciles que exigen determinación y corresponsabilidad.
La subida desmesurada del IPC repercute en el bolsillo de los trabajadores. Y es una seria amenaza para la competitividad de las empresas