Los agricultores preparan una manifestación de apoyo a la ley
La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva reunirá en los próximos días a sus agricultores en asamblea para convocar una “gran manifestación” a favor de “las soluciones a las fincas históricas del Condado”, es decir, a la proposición de ley que tramita el Parlamento y que modifica el plan de la Corona Norte “para recuperar 800 hectáreas históricas en cinco pueblos”, según han indicado en una nota de prensa. Se trata, según ha explicado el presidente de la Plataforma, Romualdo Mamarán
sentencia”, reza la respuesta remitida a los eurodiputados Javi López, César Luena, Clara Aguilera y Lina Gálvez. Esa postura ya fue adelantada a principios de febrero por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink Hooijer, que avanzó la posibilidad de una nueva denuncia ante el TJUE, lo que puede traducirse en multas para España si el texto aprobado en el Parlamento incide en la conservación de Doñana.
Sinkevieius explica que la Comisión cías, “de reclamar que se diga la verdad y no se usen mentiras para echar por tierra el trabajo del sector de los frutos rojos, que genera uno de cada dos empleos en la agricultura en Huelva”. La manifestación, de la que aún están por cerrarse los detalles, reunirá a agricultores, trabajadores, proveedores, distribuidores y vecinos de los cinco pueblos del Condado, “porque todos vivimos de la agricultura y estamos hartos de las mentiras”, ha subrayado Macías. La Plataforma espera reunir unas 15.000 personas, “a las que se su
espera “aclaraciones” sobre la iniciativa, que está en proceso de participación de agentes sociales en la Cámara andaluza. La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta ya ha contestado garantizando que la protección de Doñana prevalecerá sobre cualquier iniciativa legislativa. Y esa misma posición fue la que Carmen Crespo le trasladó al comisario de Medio Ambiente el pasado miércoles en la reunión mantenida en Bruselas para tratar este asunto.
vehículos agrícolas, tractores, etcétera”. Por otra parte, ayer se hizo público que un total de 1.109 investigadores de 25 sociedades científicas estatales solicitan en un manifiesto la protección de Doñana, a la vez que se muestran contrariados por la ampliación de regadíos que se contempla en la ley. Las sociedades científicas, que forman parte del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Nacional (Socinat), y los investigadores firmantes señalan que las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son “alarmantes e insostenibles”, y cualquier incremento de la superficie de regadío “desoye la evidencia científica”.
La tesis de la Junta pasa por afirmar que el texto está en proceso de elaboración y que, además, no es competencia del Ejecutivo andaluz. En cualquier caso, la Junta apuesta por superar el statu quo aprobado en 2014, el denominado plan de la corona norte forestal o plan de la fresa, para compatibilizar los usos agrícolas de la zona con la protección medioambiental. Para lograrlo, la prioridad del Gobierno autonómico es que se aceleren las infraestructuras que
excepcional de la naturaleza de Doñana”. “Un nuevo deterioro del estado de las masas de agua subterránea”, es decir, el acuífero que ya se ha declarado sobreexplotado, “puede tener efectos catastróficos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana”.
La polémica por la tramitación de esta ley no sólo genera dolores de cabeza en el Gobierno andaluz. El propio presidente Juanma Moreno admitió el martes que esta iniciativa “está desgastando” a su Ejecutivo. Pero los socialistas también tienen problemas al respecto, ya que el PSOE se abstuvo en la tramitación del texto, según su líder regional, Juan Espadas, para advertir sobre la necesidad de solucionar el problema con diálogo.
Este posicionamiento choca, en cierto modo, con la petición de la eurodiputada socialista Lina Gálvez, que reclamó ayer que se retire el texto “cuanto antes” por respeto “a la ley y a la integridad de nuestro patrimonio natural”. Según Gálvez, que fue consejera del último Gobierno de Susana Díaz, el intento de PP, Cs y Vox “de legalizar regadíos contraviene la ley y la obligación de preservar un bien de valor excepcional, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad”.