El ‘déjà vu’ de los peritos de la IGAE en los ERE

● Anticorrupción rebaja a un año y siete meses de cárcel la petición para los acusados

Un auténtico déjà vu en el caso de los ERE cuatro años después del primer juicio. Y los que quedan, si tenemos en cuenta que hay más de un centenar de juicios en cola en la Audiencia de Sevilla. Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comparecieron ayer en el cuarto juicio de los ERE, en el que se investigan las ayudas de 420.708,47 euros que recibió la empresa Novomag Manufacturas Metálicas (Nueva Magefesa), de La Línea de la Concepción (Cádiz). Los peritos, liderados por Ángel Turrión, volvieron a exponer sus tesis respecto al sistema de “ingeniería” presupuestaria y contable que se diseñó para ocultar el pago de las ayudas de los ERE a través de las transferencias de la partida presupuestaria 31L.

Así, Turrión indicó que la concesión y el pago material de las ayudas estaban sometidas a “fiscalización previa” por parte de la Intervención General de la Junta, por lo que debían “cumplirse los requisitos”. La fiscalización de esa ayuda a Novomag “debió realizarse en la Consejería de Empleo, pero fue imposible porque los fondos habían sido transferidos al IFA/Idea para que efectuara el pago, con lo que se obviaba el paso legalmente exigible de la fiscalización previa por el interventor de Empleo”.

El perito recordó que el juzgado les encargó realizar un análisis de la legalidad de las ayudas y añadió que la ayuda a Novomag, “al igual que las 270” que investigaron en la macrocausa de los ERE, era “imposible que hubieran cumplido el procedimiento legalmente establecido, porque para empezar nunca tuvieron un crédito presupuestario adecuado”.

De la misma forma, manifestó, al igual que dijo en el primer juicio, que “el presupuesto de la Consejería de Empleo estaba falseado para permitir ese procedimiento anómalo”, para que “no se siguieran los pasos en la concesión de las subvenciones y para que el interventor no pudiera verlo”.

La defensa de los cinco trabajadores acusados de Novomag –este juicio es el primero de los ERE que se dirige sólo contra los beneficiarios, no contra las autoridades que concedieron las ayudas– planteó si en 2003 estas personas, “ciudadanos medios”, podían tener conocimiento esta “ingeniería” presupuestaria, a lo que los peritos respondieron que no podían conocerlo, porque era un “sistema opaco que no estaba al alcance de cualquiera”. Sin embargo, sí que señaló que los acusados “debían saber que tenían que pedir la ayuda, tener una necesidad, cumplir los requisitos y justificar el destino de la subvención”. Anticorrupción sostiene que cinco acusados constituyeron Novomag para “poder recibir fondos públicos de la Junta con los que saldar las deudas que mantenía con los acreedores, entre los que se encontraba la Tesorería General de la Seguridad Social, la sociedad Industrias Domésticas Inoxidables del Sur (Idisur)”.

Tras el interrogatorio, la Fiscalía ha modificado sus conclusiones provisionales, aplicando una circunstancia atenuante rebajando a un año y siete meses de prisión y cuatro años de inhabilitación.