Más normas y más policías para combatir los cortes de luz en Andalucía
● El Defensor del Pueblo pide una unidad policial específica contra los enganches ilegales ● Las administraciones barajan cambios legales para las inspecciones y disuadir a los infractores
Diego saca del bolsillo una pequeña linterna. Es de las antiguas, de ésas que tenían pilas del tamaño de un vaso de caña. “Están dejando morir el barrio”, dice refiriéndose al Polígono Sur de Sevilla, su barrio. Residente en la calle Utopía, a Diego le ocurre como a otro número de andaluces que sufren recurrentes cortes de luz en las casas. Lo peor son los inviernos, se lamenta Diego, que dice que cada vez es peor. Diego tiene 73 años y está cansado. Hay veces que son hasta diez días el periodo en que la oscuridad es una imposición, para él y para muchos vecinos, que hablan de “tercermundismo” y “muerte social”. Cerca de la casa de Diego hay un transformador de energía eléctrica que explota a menudo. “¿No lo hueles?”, pregunta Diego cuando cruza el umbral de una casa. Al parecer huele a marihuana.
Barriadas de Sevilla y amplias zonas de Almería y de la zona norte de Granada llevan años padeciendo cortes de luz que duran días pero que pueden durar también semanas. Cuando los cortes afectan a amplias zonas, informan las autoridades, están a menudo ocasionados por sobrecargas debidas a los enganches ilegales. Detrás de estos enganches ilegales está el cultivo casero de marihuana que se ha extendido por toda la geografía andaluza. Los vecinos están hartos. La Policía desactiva a veces estas prácticas irregulares, pero no es suficiente. Hay pendiente la creación de una unidad específica de la Policía Nacional contra el fraude eléctrico. El Defensor del Pueblo indica en el informe de 2021 que ha solicitado a la Delegación de Gobierno en Andalucía la puesta en marcha de esa unidad policial. Los vecinos afectados están convencidos de que acabar con los cultivos caseros de droga sería un avance importante. Las miradas están puestas en las autoridades.
Endesa efectuó 4.282 cortes de suministro por fraude en 64 intervenciones conjuntas con las fuerzas del orden en distintos barrios de Almería como El Puche, La Chanca, El Quemadero o el Cerro de San Cristóbal. El año anterior fueron 1.306 cortes en 25 intervenciones. Una auditoría de 2019 concluyó que Endesa tiene más potencia a disposición de los abonados que la potencia demandada. Los cortes de suministro no se deben por tanto a la falta de potencia. La provincia de Almería, como en otras zonas de Granada y Sevilla, es un importante criadero de marihuana casera.
Las administraciones buscan las soluciones que sus administrados imploran. Todas tienen competencias y todas proponen acciones. Las leyes también valen. Hay la necesidad de que las Cortes acometan una regulación, un desarrollo normativo, que propicie el refuerzo de las inspecciones contra el fraude; también la reforma del código penal, con castigos más severos, que contribuiría a disuadir a quienes se dedican al cultivo de la marihuana. Son posibles soluciones que son comentadas en la calle y que contempla también la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía.
El Defensor del Pueblo también avisa de la falta de expedientes de sanción, asunto sobre lo que llama la atención en su último informe porque la definición de las causas se asocian de un modo tan claro a la existencia de fraudes. Las dificultades procedimentales para perseguir este tipo de irregularidades están detrás de esta deficiencia que cita la institución estatal.
Hacienda es el departamento de la Junta que tiene competencia en la materia energética y, con el fin de analizar la problemática de los incesantes cortes de luz, creó la llamada Comisión de los cortes de luz y el fraude eléctrico. Entre las mejoras producidas a raíz del trabajo de este organismo figuran la “mejora de las solicitudes de enganche”, causado por la progresiva regularización de las viviendas de protección oficial de las zonas más conflictivas, las compensaciones abonadas cuando ha habido incumplimientos en los niveles de calidad por parte de Endesa, que también está acometiendo obras para dificultar la caída del suministro por el incremento del consumo fraudulento. Actualmente está disponible el triple de la potencia contratada en los hogares, informa del informe del Defensor del Pueblo, algo que resulta insuficiente para evitar los incidentes, dando una idea de la envergadura del problema. El Defensor del Pueblo también elogia la reducción de “los tiempos de respuesta ante los cortes y averías por sobrecarga de la red”.
El informe de la institución señala igualmente “una mejora de la coordinación” entre la Junta, el Gobierno central y Endesa a la hora de detectar los fraudes y aplaude las bondades de someter a los centros de transformación a un sistema de control permanente. La elaboración de un censo de personas electrodependientes, con el objetivo de dotarlos de baterías para almacenar la energía cuando ocurra el corte, o la elaboración de un mapa de las zonas afectadas, son acciones valoradas por el Defensor.
Los cortes vinculados a las actividades ilegales tiene principalmente tres focos en Andalucía: Almería, la zona norte de Granada y algunos barrios de Sevilla. La situación ha cobrado tal relevancia que ha habido familias afectadas que han necesitado de atención en centros sociales cedidos por los ayuntamientos. Son sitios tristes, dice Diego, el vecino sevillano del Polígono Sur, pero al menos hay luz. La linterna, subraya, no sirve para calentar. Y ya no hay calentadores a pilas.
La Junta comunica avances en un problema centrado en Almería, Granada y Sevilla
La elaboración de un censo de personas electrodependientes mejoraría el problema