Sanz ratifica ante el juez la denuncia de la Junta por la mordida en los test Covid
● El viceconsejero asegura que en el actual Gobierno no hay “ni un solo milímetro para cualquier caso posible de corrupción”
El viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ratificó ayer ante el juez de Instrucción número 2 de Sevilla la denuncia que la Junta de Andalucía presentó por el intento de cobro de una mordida de cinco millones de euros en la venta de una partida de test de detección del Covid-19 al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Antonio Sanz compareció ante el juez por espacio de una hora y, al término de su declaración como testigo, el viceconsejero explicó a este periódico que ha ratificado la denuncia y las actuaciones que la Junta realizó en cuanto tuvo conocimiento de los hechos en los que están implicados un ex asesor de la consejería de Salud y Familias –que era adjunto al jefe de gabinete–, así como el empresario gaditano Manuel García Gallardo –fundador de Quality Food–, una hermana de éste y un trabajador de la sociedad.
“Está claro que esto ha cambiado, no tiene que nada que ver con lo de antes”, precisó Sanz, que subrayó que “al más mínimo indicio” de delito, la Junta de Andalucía denunció los hechos ante la Fiscalía de Sevilla “en defensa del dinero público y de los intereses de los andaluces”.
El viceconsejero añadió que en este Gobierno no hay “ni un solo milímetro para cualquier caso posible de corrupción”, aseveró Antonio Sanz, que recordó que una vez que la Junta tuvo conocimiento del intento de cobro de comisiones se abrió una investigación interna y se nombró un instructor en la Consejería de Salud. La investigación provocó el cese del asesor de la Consejería de Salud y la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, en octubre de 2020.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, había citado además ayer a tres de los cuales investigados en este caso, que en febrero se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) –Manuel García Gallardo, su hermana y un trabajador–, pero dos de las declaraciones se suspendieron y sólo lo hizo uno de los investiga dos. Además se tomó declaración como testigos a varias personas, entre ellas la ex gerente del hospital de Valme de Sevilla, María Jesús Pareja, y la mujer de Elías Bendodo, Isabel Naranjo.
NUEVA CITA, 13 DE JULIO
El juez acordó, además, un cambio en las declaraciones como testigos del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, y del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quienes inicialmente habían sido citados para el 4 de abril .
De la investigación realizada por la UDEF se desprende que el empresario investigado contactó con el adjunto al jefe de gabinete de Aguirre y le ofreció una comisión si se lograba el contrato para la adquisición por parte del SAS de un centenar de mochilas con reactivos para la realización de pruebas PCR en Atención Primaria, un contrato que rondaba los 19 millones de euros pero en el que se pidió que se subiera el precio en “cinco millones”.
Otro empresario alertó en su momento a la Junta de que el empresario de Quality Foodle habría asegurado que la única forma de convertirse en proveedor de la Junta de Andalucía consistía en presentar una factura en la que se añadiera esa comisión de cinco millones al valor de los productos suministrado, con lo cual el precio para este contrato de las pruebas PCR pasaría de los 19 millones a los 24 millones de euros, aunque no se ha concretado cómo se repartiría esa supuesta comisión.
Además se investigan unas grabaciones en las que supuestamente se realiza el ofrecimiento de dinero al ex asesor de Aguirre –que lo habría aceptado– a cambio de que se compraran esas mochilas, pero como finalmente desde los hospitales no consideraron apropiados esos test, comenzó a presionar supuestamente a la consejería diciéndole que tenían pruebas de que el asesor había aceptado el dinero por la materialización de una venta que, finalmente, no se llegó a producir.
Por otra parte, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo se ha personado como acusación popular en nombre de PSOE-A, en esta investigación. El letrado, que asistió ayer mismo a las declaraciones en el juzgado, aseguró a este periódico que se ha personado en la causa de acuerdo a sus “coordenadas habituales de actuación en esta clase de asuntos, es decir, la estrictamente profesional, en colaboración leal y ejercicio responsable de la acción penal, aportación objetiva y profesional a la instrucción y la averiguación de los hechos”.
Antonio Sanz Viceconsejero de Presidencia
Está claro que esto ha cambiado, no tiene nada que ver con lo de antes”