Fuera de control
Con la inflación disparada a una tasa del 9,8%, el plan de choque del Gobierno va a quedarse en un parche, y hace falta un amplio acuerdo social y político
LOS precios están fuera de control. La subida del Índice de Precios al Consumo de marzo, adelantada ayer por el Instituto Nacional de Estadística, sitúa la tasa de inf lación en un 9,8%, al borde de los dos dígitos que los pronósticos más pesimistas no contemplaban en ningún caso para antes del verano. Se trata del nivel más alto desde 1985. Es decir, estamos en un escenario de precios galopantes que no se conocía en España desde el primer Gobierno de Felipe González, el que empezó a recoger los frutos de los Pactos de la Moncloa y preparó la entrada de España en la entonces Comunidad Europea. Ahora la situación no es ni de lejos parecida, pero la inflación sigue representando lo mismo: un castigo en forma de pérdida de poder adquisitivo que afecta sobre todo a las clases más débiles y un factor de convulsión social, con un serio potencial explosivo en forma de huelgas y movilizaciones difícilmente controlables, como se acaba de ver con el conflicto del transporte. Aunque la escalada de precios, motivada por la subida de la energía y los alimentos y por los problemas en las cadenas de suministros, se arrastra desde el final de la pandemia, ha sido el primer mes de la guerra en Ucrania lo que ha roto todas las previsiones. Desgraciadamente, nadie espera que en el corto plazo la situación mejore. Todo lo contrario. Las numerosas incertidumbres mundiales que se abrieron con la agresión rusa no se van a resolver en breve y hay que olvidarse ya de los anuncios del Gobierno de que el IPC volvería pronto a los niveles habituales en los últimos años. Frente a ello, el paquete de medidas aprobado por Pedro Sánchez no va a ser sino un parche sin capacidad para revertir las cosas. Se impone, por lo tanto, un pacto de rentas que implique a sindicatos y empresarios, y un amplio acuerdo político que haga que se pueda elaborar, en estos tiempos tan complicados, una política económica coherente que asegure el nivel de vida de los españoles.