Cuando una inflación del 10% lo arrasa todo
El Gobierno apuesta por medidas urgentes de rescate de los ciudadanos ante la escalada de la crisis El límite y alcance de las ayudas, clave de la operación de choque Los científicos, contra la inacción gubernamental frente a la crisis climática
LA guerra de Ucrania, al margen del horror implícito de la muerte y la devastación, está colocando a la economía mundial al límite. El caso de España no es menor. El tensionamiento de los mercados energéticos y de materias primas ha provocado una subida inasumible de los precios de bienes de consumo imprescindibles para el funcionamiento de la economía y la pervivencia de las familias. Tal es la crisis inesperada que aguardaba agazapada a la salida –confiemos– del Covid. Lo que viene ahora es menor crecimiento, más inflación y veremos si recesión en algunos países. Hay una expresión manida al nivel de “pertinaz sequía” que es
“la tormenta perfecta”. Allá por 2008 cuando el mundo se desplomó coincidió un periodo alcista de la economía mundial con grandes flujos de capitales que fueron a parar a un sector bancario que emitía bonos y activos que teóricamente eran seguros ya que vivíamos en pleno boom del sector inmobiliario en manos de grandes compañías. Esto unido a la abundancia de créditos baratos y un mercado de trabajo que conciliaba la temporalidad con la estacionalidad del sector de la construcción se llamó repetidamente “la tormenta perfecta”. Los economistas y analistas han rescatado el término del baúl.
FORMAS Y FORMAS
Ante esta situación sólo hay dos tipos de reacciones: la austeridad merkeliana que se asumió con alegría por estos predios como si hubiéramos venido a la tierra a sufrir o una política de estímulos y flexibilidad, felizmente en fase de aceptación en la UE. Cierto que ha tenido que mediar una pandemia y una guerra en Europa para que Bruselas se haya roto la cadera buscando posiciones más elásticas. Pero estamos en ese nuevo paradigma, no sin dificultades. Se comete el error de considerar que la manera de afrontar estas crisis se liquida con los discursos técnicos, la cuadratura de cuentas y el auxilio de las escuelas económicas como ultima línea de llegada, cuando en realidad es solo política. Política pura y dura. Voluntad y decisión política. Al actual Gobierno se le podrá reprochar todo lo que se quiera, pero es innegable que, con el poderoso manguerazo europeo de 71.600 millones en forma de créditos blandos, ha apostado por una salid social de las crisis.
PLAN DE CHOQUE. ES LA GUERRA
El plan de choque contra los efectos económicos de la guerra en España que ha aprobado el Ejecutivo esta semana es una buena muestra de cómo afrontar una situación limite. PSOE y UP han sacado adelante un paquete que incluye préstamos ICO por 10.000 millones y 6.000 millones de ayudas directas y rebajas fiscales en el recibo de la luz. Bajadas de 20 céntimos el litro de combustible y una medida imprescindible, aunque insuficiente por ser demasiado limitada en el tiempo: los alquileres no podrán actualizarse más allá del 2% hasta el 30 de junio. Son tres meses de oxígeno frente a las revisiones de marzo, que registra el dato histórico del 9,8%, achacable en un 73% a las consecuencias de la guerra. Un disparate. El Gobierno también debería explicar si esa medida implica que la revisión del IPC anual de los alquileres se hará con la cuota de marzo o la de junio, cuando, esperemos, la inf lación haya dado un respiro. A la vez, regresan los ERTE, que evitaron despidos en masa durante la pandemia, un incremento del 15% el ingreso mínimo vital y se amplia a otras 600.000 familias el bono social eléctrico. Ya son dos millones de hogares los que tienen ese colchón. Una de las dudas más relevantes que suscita este plan es su duración. No parece que la guerra y sus efectos vayan a disiparse velozmente. El Gobierno tendrá que disponer de un plan de salida de estas ayudas provisionales que difícilmente podrán sostenerse en el tiempo dada la necesidad de caja pública que requieren. Seguro que hay argumentos económicos en contra de la intervención del Estado al rescate de los ciudadanos –especialmente de los más vulnerables– pero desde la óptica de un Gobierno progresista y un Estado social y de derecho es inapelable.
AQUELLA OTRA CRISIS
Un pequeño ejercicio de memoria: con Rajoy de presidente, también asediado por la crisis tremenda del ladrillo, se puso en cuestionamiento la viabilidad del Estado de bienestar. Sólo algunos datos: se abarató el despido con una reforma laboral
(2012) que, por cierto, sólo aprobó la patronal; se subió el IVA del 18% al 21%; la edad de jubilación se elevó a los 67 años y se incrementó de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la pensión; se instauró el copago sanitario, se suprimieron la paga de Navidad de los funcionarios y la deducción por vivienda; los inmigrantes irregulares perdieron su tarjeta sanitaria, se pegó un tajo descomunal a las becas, a la investigación y en general a todo lo relacionado con la educación, lo que entre otras cosas, acabó con un éxodo masivo de jóvenes a otros países buscando un trabajo cualificado y bien remunerado. Hay mucho más –como esos 35.000 millones que nos cuesta la ocurrencia del banco malo para los activos inmobiliarios tóxicos– pero esta letanía sólo pretende ser ilustrativa. Ni el PSOE ahora ni el PP antes llevaban en sus programas electorales estas actuaciones, pero la decisión que se adopta en tiempos de crisis, la priorización, su definición y adopción define claramente a los proyectos políticos y su vocación social.
DESOBEDIENCIA CIVIL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
A partir de mañana la comunidad científica va a secundar en todo el mundo una serie de huelgas y encierros en universidades y centros científicos contra lo que denominan “la inacción climática” y que se van a prologar durante toda la semana. Científicos e investigadores de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento sostienen, en román paladino, que los gobiernos no entienden la magnitud, la urgencia ni la gravedad de la crisis climática, energética y de biodiversidad. Les reprochan no entender que vamos “hacia una extinción masiva” y “un caos climático”. En diferentes informes, recogen elementos críticos que tratan de ayudar a comprender la dimensión de la amenaza: el origen del Covid relacionado con la deforestación, las gotas frías, las nevadas, olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, los ya recurrentes megaincendios o un dato español: el 75% del territorio está en alto riesgo de desertificación. Lo cierto es que los gobiernos llevan años adoptando medidas contra
el cambio climático pero no es menos cierto que parecen parches porque el calentamiento de la tierra sigue aumentando y los recursos se agotan. Gobiernos como el de Alemania y Francia han sido condenados por la justicia por inacción climática. En España también está en trámite una querella climática contra el Ejecutivo. Los científicos, que valoran incluso dejar de producir informes sobre el impacto del cambio climático hasta que se produzca un cambio radical en las administraciones públicas, responsabilizan a gobiernos y lobbies empresariales por planificar modelos de crecimiento incompatibles con la reducción del impacto climático. Hace unos días los satélites localizaron un desplome de una plataforma de hielo en la Antártida. Se desprendió una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados. Las temperaturas habían superado en la zona unos días antes 40 grados de temperatura más de lo habitual. “Delay means death”. Retrasarnos significa muerte, dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Por ahí va la cosa.